En defensa del asilo | En contra del abuso

Aprovechando la coyuntura, quiero hacer un breve Q&A para aclarar algunos conceptos que creo no están claros en la población respecto a la regulación del asilo diplomático, con ocasión del caso Alan García.

  1. ¿Qué es el asilo político? ¿En qué se diferencia del diplomático?

El asilo político es el género, el asilo diplomático y el territorial son la especie. En el caso del diplomático, se trata del derecho que tiene un Estado de otorgar protección al ciudadano de otro país que se refugie en su embajada alegando una persecución política o estar siendo acusado de delitos políticos como la rebelión o la insurgencia. En el caso del territorial, es el que se otorga en la frontera, en calidad de refugio. Es, por ejemplo, lo que quiere solicitar la famosa “caravana” de migrantes centroamericanos que está cruzando México rumbo a Estados Unidos.

  1. ¿Puede Uruguay simplemente otorgarle unilateralmente asilo diplomático a Alan García?

Sí, la Convención de 1954 es clara en que “[c]orresponde al Estado asilante [Uruguay] la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”. Uruguay tiene un derecho a otorgar asilo a quien considere está siendo perseguido y el Perú, en tanto estado territorial, no tiene facultades para participar en esa determinación más allá de poder enviar “informaciones (…) respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos” que puede o no ser tomada en cuenta por Uruguay.

La limitación a este derecho es el artículo III de la Convención, que señala que “[n]o es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”. Ahora, si bien este sería claramente el supuesto en el que se encuentra Alan García, corresponde a Uruguay evaluarlo, no al Perú.

  1. ¿Por qué tiene Uruguay un derecho unilateral a decidir si existe o no una persecución política en el Perú?

Es fácil ver la institución de asilo en las circunstancias actuales y pensar que es un absurdo que se puede prestar al abuso, pero el asilo diplomático no es producto del siglo XXI, sino que es mucho (mucho) más antiguo. Nace de una época en la que en Sudamérica no había 11 democracias y una dictadura, sino una en la que el panorama era más o menos el inverso, con una mayoría de gobiernos dictatoriales. En este contexto, pretender que el estado territorial (la dictadura) jugara un papel en la determinación de si existía o no persecución de la mano con el estado asilante era absurdo. La dictadura simplemente nunca permitiría que se otorguen asilos. Esta era justamente la controversia entre Perú (bajo la dictadura de Odría) y Colombia, sobre Haya de la Torre. Tomemos, por ejemplo, el contexto de Venezuela y veremos por qué es importante mantener este derecho unilateral al asilo. No importa cuánto quiera Venezuela argumentar que es una democracia, el Perú tiene derecho a otorgarle asilo a los opositores venezolanos que busquen refugio en el Perú (como en efecto lo hemos hecho).

  1. ¿El Perú está obligado a brindar un salvoconducto?

Esta pregunta parece fácil, pero no lo es, y debe ser respondida en dos partes.

Primera parte: Sí, sin lugar a dudas, de acuerdo con la Convención de 1954, si Uruguay solicita un salvoconducto, el Perú está obligado a brindar un salvoconducto. Esto es importante, porque de poco sirve tener asilo si el estado territorial va a bloquear la salida del país, dejando a la persona esencialmente presa en una embajada (piénsese en el caso Julian Assange).

Segunda parte: vale la pena preguntarse si existe algún camino para que el Perú se resista a cumplir esta obligación, dado el contexto específico del pedido de Alan García, en donde el solicitante alega una persecución política que diversas instancias internacionales, incluidas WOLA, CEJIL y Transparencia Internacional, consideran inexistente. Es decir, en este caso en concreto, ¿podemos considerar que la ecuación cambia?

Para responder a esta pregunta hay que partir de una advertencia: las excepciones, necesariamente, debilitan las reglas. Si el Perú va a plantear una excepción a una regla como la del asilo que – al día de hoy – no tiene excepciones, le abre la puerta a otros países a plantear esa excepción en las mismas circunstancias. Una excepción mal diseñada podría eventualmente causarle un daño a un futuro opositor venezolano que toque las puertas de la embajada peruana en Caracas. ¿Cómo se debería plantearse una excepción, entonces, para evitar este resultado indeseable?

Pues bien, en mi opinión, hay dos criterios. El primero tiene que ver con la Convención de la ONU contra la Corrupción, que tanto el Perú como Uruguay han ratificado. El artículo 44.4 de este tratado señala que, en procesos de extradición, los Estados Parte no podrán considerar que los delitos de corrupción (como de los que se acusa a Alan García) tienen carácter político. Esto, para mí, es indicación de que ahora Uruguay estaría impedido – por sus propios actos – de alegar contra el Perú que el lavado de activos es un delito político, lo que deja de lado uno de los requisitos esenciales del asilo (y activan el artículo III). El segundo tiene que ver con los principios generales del Derecho Internacional. De acuerdo con ciertos autores como Lauterpatch, “cuando un Estado hace uso de un derecho propio de manera arbitraria de tal forma que causa un daño a otro Estado que no puede ser justificado por una consideración legítima de su propia ventaja”, incurre en “abuso de derecho” y el acto puede ser cuestionado (traducción libre). Teniendo en cuenta los pronunciamientos de WOLA, CEJIL y Transparencia Internacional de que no existe en el Perú persecución política, el Perú podría entonces argumentar que el ejercicio del derecho a asilar de Uruguay está siendo ejercido de forma arbitraria y de mala fe. Para hacerlo, el Perú debería demandar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia.

Este planteamiento, valga la pena añadir, sería excepcional y correspondería únicamente a las específicas características de este caso, en donde hay – llamémosle – un intento del “fake news” de construir una dictadura donde no la hay. La idea no sería cuestionar la institución misma del asilo, que como ya expliqué, es necesaria tal cual está regulada hoy. Si el gobierno desea resistirse a otorgar un salvoconducto, entonces la postura que debe tomar es en defensa del asilo, pero en contra del abuso del derecho. Esa distinción es clave no sólo para el éxito de su postura ante una potencial demanda en La Haya, sino para no generar consecuencias negativas no deseadas a los verdaderos perseguidos políticos de nuestra región.

  1. ¿Qué pasa si Uruguay otorga el asilo, el Perú se niega a otorgar el salvoconducto, y hay un terremoto que obliga a Alan García a salir de la Embajada?

Vi esta pregunta en Twitter y me pareció chistosa, pero interesante. Es una situación no regulada por la Convención de 1954, así que por favor tomen esta respuesta con cautela (pues de seguro más de un internacionalista estará en desacuerdo), pero creo que una interpretación de buena fe del artículo 36 de la Constitución, que señala que el Perú “reconoce el asilo político” y “[a]cepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante”, obligarían al país a otorgarle las seguridades contenidas en el artículo V de la Convención. Estas seguridades son dadas “a fin de que no peligre (…) su libertad” y, por lo tanto, nos obligarían a no arrestar a Alan García en caso de terremoto, sino a devolverlo a la Embajada en tanto se resuelva la controversia existente entre el Perú y Uruguay. Ahora, si la Corte Internacional de Justicia señala que el asilo otorgado fue indebido y vuelve a haber un terremoto, ahí sí, podríamos arrestarlo.

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