El “Caso Lula”: Ceguera a Ambos Lados

El Editorial del Diario El Comercio del pasado sábado 7 estuvo dedicado a la condena del ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, y la aparente “ceguera” que padecería la izquierda latinoamericana al no poder aceptar las “evidencias de corrupción” cuando “manchan la imagen totémica de una figura con la que sintonizan ideológicamente”. “Lula”, como se conoce popularmente al ex Presidente, no es ni un santo ni un mártir. Existen evidencias claras (y hasta ahora no negadas) de que interfirió en las elecciones peruanas, otorgando tres millones de dólares a Ollanta Humala a través de la representación de Odebrecht en el Perú. Lula, además, tiene 4 acusaciones penales pendientes, además de la del “Caso Tríplex”, que acaba de concluir: los casos “Aviones de Combate”; “Instituto Lula”, “Cerveró” y “Angola”.

Al menos para mí, no sería sorprendente que, con suficiente tiempo e investigaciones, pueda descubrirse evidencias de que Lula haya cometido más de un crimen en sus 8 años de gobierno. Tampoco me sorprende que personajes como Nicolás Maduro, Evo Morales y Rafael Correa salgan en defensa de Lula con argumentos politizados, incapaces de distinguir una defensa principista de una ideológica. Sí me sorprende, sin embargo, que El Comercio, un diario que lleva ya años intentando defender principios y no personas (oponiéndose, por ejemplo, al autoritarismo de izquierda del chavismo y de derecha del fujimorismo, por igual), haya llegado a un entendimiento tan incompleto del proceso seguido a Lula. Sea por desconocimiento o negligencia, el problema es que, una vez que se completa la historia, el relato de El Comercio termina viéndose tan ciego como los tweets de la izquierda que critica.

El Editorial, por ejemplo, empieza diciendo que “Lula ha sido condenado por recibir un departamento tríplex en una lujosa zona de Sao Paulo de parte de la constructora OAS como retribución por favorecer a esta en sus negocios con la estatal petrolera Petrobras”. El problema (más allá del error geográfico de pensar que Guarujá es una “zona de Sao Paulo” y no una ciudad diferente, dentro del Estado de Sao Paulo) es que justamente la controversia del caso Lula es que se lo ha hallado culpable de corrupción a pesar de nunca haber tenido posesión de dicho inmueble. El mismo vocal revisor, Leandro Paulsen, del tribunal de segunda instancia que condenó a Lula, así lo dice: “el tríplex permaneció bajo la titularidad formal de OAS, siendo que fue orientado a no transferir formalmente el inmueble al presidente” (todas las citas son traducciones mías del original en portugués).

Una de las principales controversias del caso Tríplex, entonces, es precisamente que se considera que Lula se benefició de un inmueble que nunca estuvo en su control. Más aún, la evidencia en la que se sustenta el tribunal de segunda instancia para condenarlo es, por admisión propia del vocal relator, João Pedro Gebran Neto, meramente indiciaria. En sus propias palabras: “la prueba indiciaria y la prueba indirecta sí tiene valor de prueba”. No existe un “ampay” en este caso. Como señala uno de los principales portales jurídicos de Brasil, ConJur, “[l]a gran crítica hecha por la comunidad jurídica a la sentencia [de Moro], y el principal objeto de la apelación [de Lula], es el hecho de que no existen pruebas concretas en la condena (…) la condena se basa en la declaración del ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, en indicios y en otros testimonios de que Lula habría aceptado el departamento para ayudar a la empresa con sus actividades – a pesar de que no existan pruebas de que el inmueble hubiese sido entregado a Lula”.

La controversia, empero, se vuelve aún más grande, si tenemos en cuenta que esta declaración clave de Leo Pinheiro no es exactamente de la mayor confianza. Después de todo, en 2016, justo al inicio del proceso de apelación de Lula, se hizo pública la noticia de que Pinheiro había sido forzado a cambiar su versión, pues los fiscales consideraron que la versión original era “poco creíble”. ¿Qué decía la versión original? Pues que “Lula no tuvo papel alguno en la reforma del departamento ni en las obras del sitio”, que “la reforma (…) fue solicitada en 2010 (…) por Paulo Okamotto, que preside el Instituto Lula”, que estas obras “fueron un intento de la empresa de agradar a Lula, no una contraprestación por algún beneficio que el grupo haya recibido” y que “[l]a empresa gastó cerca de R$ 1 millón en la reforma del departamento, pero que la familia de Lula no se interesó en el inmueble”. Es decir, la misma versión que Lula dio luego al juez Moro.

Como se recordará, en esas épocas la Fiscalía de Brasil había anunciado que cerraría un acuerdo con sólo una empresa, OAS u Odebrecht. Si Pinheiro no cambiaba su versión antes del inicio de la segunda instancia del juicio de Lula, no sólo perdería los beneficios penitenciarios del acuerdo de colaboración eficaz, sino que su empresa estaría en riesgo de bancarrota. Que esta sea la prueba central del caso Tríplex es un hecho que no puede ser descrito –como lo hace el Editorial de El Comercio- como “haber sido escrupuloso con los derechos de Lula”. Es más, el Editorial de El Comercio aplaude “la cuantiosa información recabada por el juez Moro (la que incluye la declaración del ex CEO de OAS, convertido en colaborador eficaz”). Ni siquiera mencionar el cambio en la declaración me parece, honestamente, inexplicable.

Esta no es, sin embargo, la única frase problemática del Editorial. El Comercio intenta solidificar su posición argumentando que “ya son tres salas diferentes las que han fallado en contra del ex mandatario”. Desde el inicio, está afirmación es fácticamente errónea: No han sido tres. El caso específico de Lula ha pasado únicamente por el Juez Moro y por el tribunal de segunda instancia, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4). Además de estos, Lula presentó un habeas corpus cuestionando el mandato de detención –en donde no se discutió el fondo del litigio- que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y luego, en apelación, por el Supremo Tribunal Federal (STF). Es decir, bajo ningún supuesto puede hablarse de tres salas, sino de dos tribunales que conocieron el fondo; los otros dos sólo conocieron una contienda constitucional en el marco de un hábeas corpus.

El mero número de tribunales, sin embargo, es inmaterial. Lo que corresponde en un análisis de esta sentencia es el comportamiento de estos foros en el caso específico, algo que El Comercio nunca analiza. Empecemos, entonces, por Moro. Como ya he mencionado en un post anterior, Moro tuvo un comportamiento altamente politizado, ordenando el arresto de Lula sin necesidad, filtrando audios a la prensa y utilizando audios grabados fuera de plazo. Al fin y al cabo, Moro se ha convertido, sin ninguna resistencia de su parte, en una super estrella, asistiendo a eventos y entrevistas, que levantan dudas sobre su imparcialidad.

El mismo problema existe con el TRF-4. En agosto de 2017, un mes después de emitida la sentencia, y antes de que empiece el proceso de apelación, el Presidente del Tribunal, el vocal Carlos Eduardo Thomson Flores Lenz, fue claro en señalar que, para él, la sentencia de Moro era “técnicamente irreprochable” y que “va a entrar a la historia de Brasil”, admitiendo abiertamente que “no pued[e] negar” que le gustó el fallo, aplaudiendo el “minucioso e inmejorable examen de la prueba en autos” de Moro. En buena cuenta, entonces, el vocal adelantó opinión, lo que tampoco habla bien de su imparcialidad.

Por último, la reciente sentencia del STF, que permitió la prisión de Lula, tampoco está libre de controversias jurídicas. El hábeas corpus de Lula no era un simple pedido para evitar ir a prisión, sino que fue una pieza más en un complejo y largo debate constitucional en el Derecho brasileño, sobre cuál es el verdadero alcance de la presunción de inocencia en ese país. Todo empieza con el art. 5 inciso LVII de la Constitución Brasilera, que dice: “nadie será considerado culpable hasta el ‘tránsito en juzgado’ de una sentencia penal condenatoria”. La frase “tránsito en juzgado”, en Brasil, significa algo así como nuestro “sentencia firme”. En su equivalente “peruano”, el artículo dice que nadie puede ser culpable (ni, por ende, ir preso) si aún le quedan recursos/apelaciones por interponer. En 2016, sin embargo –y en un caso no relacionado al de Lula- las Acciones Declaratorias de Constitucionalidad #43 y 44 sentenciaron que este artículo sólo protegía a un acusado hasta la condena en segunda instancia, incluso si aún quedaban recursos pendientes. Es decir, una vez que se decide sobre el fondo dos veces, el reo va preso mientras apela la forma, sin que se viole el art. 5 inciso LVII. La decisión fue sumamente controversial porque atentaba contra el entendimiento hasta ese entonces vigente del principio de presunción de inocencia -una cláusula pétrea (o “núcleo de constiucionalidad”, en nuestros términos)- del constitucionalismo brasilero.

El hábeas corpus de Lula pretendía que el STF deje de lado este criterio y le permita interponer el resto de sus recursos en libertad, y no preso, como ordenaba el TRF-4. Lo controversial del asunto, sin embargo, es que entre 2016 y 2018, la vocal del STF, Rosa Weber, cambió radicalmente su voto, para perjuicio de Lula. Así, en 2016, Weber estuvo entre la minoría de jueces que perdió la ADC #43 y 44, votando para que los reos no vayan presos sino hasta después que agoten todos sus recursos. En 2018, sin embargo, ya en el caso específico de Lula, la vocal Weber votó en contra del habeas corpus, siendo el voto decisivo para que Lula vaya preso antes de que haya interpuesto todos sus recursos; es decir, el completo opuesto a su posición de 2016.

Este radical cambio de criterio fue justificado por la vocal Weber en base al así llamado “Principio de Colegialidad”. Según el principio, un recurrente no sólo tiene derecho a apelar su sentencia, sino a que su apelación sea decidida por un ente colegiado, en el sentido de que no sea una sola persona la que decide el resultado del proceso. Para la vocal Weber, “siendo prevaleciente el entendimiento de que la ejecución provisoria no compromete al principio constitucional de la presunción de inocencia (…) no tengo como reputar ilegal, abusivo o teratológico el acuerdo [del Tribunal Superior de Justicia] que, convencido de este entendimiento del propio STF, rechazó la orden de habeas corpus [de Lula], independientemente de mi posición personal”.

En otras palabras, la vocal Weber cambió de criterio a pesar de no estar de acuerdo con la mayoría, básicamente para no dar la contra a sus colegas del STJ y tener que estar cambiando de criterio jurisprudencial de forma tan seguida. Esta decisión es, por decir lo menos, controversial, pues Lula perdió su apelación 6 contra 5, pero el sexto voto en contra fue de alguien que, en el fondo, no creía que Lula debía ir a prisión. Este inexplicable cambio se torna aún más complicado si tenemos en cuenta que pocas horas antes del juicio a Lula, el Comandante del Ejército Brasilero, Eduardo Villas Boas, lanzó una amenaza velada de golpe de estado, diciendo que el Ejército comparte el anhelo de los “ciudadanos de bien” de “repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia”.

Como puede verse, entonces, las “tres salas diferentes” de El Comercio no son prueba irrefutable de la culpabilidad de Lula, sino que más bien son la historia que el diario no contó. Es cierto, como dije, que Lula no es un santo, pero, si hemos de ser defensores de principios, no de personas, pues entonces tenemos que empezar por la idea de que si Lula ha de ir preso, debe serlo no por alguna ‘justicia poética’ de verlo tras las rejas, sino por la justicia que nace del Estado de Derecho y la preponderancia de la evidencia. No me va a sorprender si es que en el futuro Lula es encontrado culpable de un delito; sin embargo, no creo que pueda decirse que en este caso Lula haya sido hallado culpable de este delito más allá de toda duda razonable. La historia completa, me parece, así lo demuestra, y me parece importante hacer una crítica constructiva a El Comercio, a fin de darle al diario y a sus lectores un panorama más completo que les permita evaluar los hechos desde una perspectiva que quizás no prefieren o que no les gusta, pero que, en toda honestidad, no pueden (ni deberían) eludir.

Advertisements
This entry was posted in Sin categoría and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s