El Frontón: Réplica a Renán Ortega

Leí con interés la columna de Renán Ortega en respuesta a mi artículo del pasado 6 de noviembre en El Comercio. En ella, él considera que estoy equivocado al pensar que una sentencia de la Corte Interamericana puede obligar al Estado Peruano a investigar un caso de graves violaciones a los derechos humanos como El Frontón. Para él, la Corte “no pinta” para determinar la aplicación de la prescripción extintiva en ese debate. Creo que sus argumentos pecan de un excesivo positivismo que lo llevan a concluir, equivocadamente, que la Constitución no requiere que el Estado Peruano cumpla con sus compromisos internacionales. En esta réplica explicaré por qué creo que esta visión está profundamente equivocada.

El primer argumento de Ortega es que mi interpretación de la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución, que ordena interpretar la Constitución de acuerdo con los tratados de derechos humanos, está equivocada. Para Ortega, “tratados” no es “sentencias” y, por ende, lo que diga la Corte es indiferente al Estado.

Para empezar, vale la pena mencionar desde el arranque que esta no es la posición del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal es constante en indicar que “por imperio de la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito [una] sentencia [de la Corte] resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso” (STC 03891-2011-PA/TC, ¶55). Creo que este contra argumento es suficiente para vencer el de Ortega, pero no quiero limitar mi punto a uno de autoridad. El tema central, creo, es nuestro desacuerdo sobre una premisa fundamental del Derecho: el principio pacta sunt servanda (“los acuerdos deben cumplirse”).

Para mí, resulta evidente que si un tratado crea una corte que tendrá por propósito determinar cuándo un Estado cumple o no con sus disposiciones, pues entonces, para cumplir con el tratado, el Estado deberá cumplir con las sentencias. Esto, además, es lo que dice el mismo Pacto de San José: “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. No hay regodeos. Incumplir la sentencia es incumplir el tratado. Ortega, entonces, se equivoca.

El segundo argumento es que yo habría leído mal el Código Procesal Constitucional, puesto que, en realidad, no ordenaría que el Estado cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana, sino solamente buscaría regular los procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, etc. Este argumento, me parece, sufre de importantes deficiencias. Primero, la cita que hace Ortega es inexacta. Él resalta la frase “procesos regulados en el presente código” como una limitación, pero ello no es cierto. El artículo dice: “el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con (…)”. Me parece evidente que lo que se está regulando no son los procesos, sino el contenido y alcances de los derechos que estos procesos protegen. El argumento de Ortega de que “[e]n el caso El Frontón se discute la prescripción en un proceso penal, no en un proceso constitucional”, por ende, es inmaterial en lo que se refiere al artículo V. La forma correcta de leer el problema es que en el Frontón se discuten los alcances de los derechos protegidos por el Código, pues se discute hasta cuándo pueden ser perseguidos por la justicia. Segundo, y más grave aún, es que, incluso dentro de la lógica interna de Ortega, su afirmación no tiene sentido: el caso de El Frontón que estamos discutiendo es un proceso de habeas corpus, regulado por el Código Procesal Constitucional. El mismo expediente del caso lo revela. Es el 01969-2011-HCTC, énfasis en “HC”, habeas corpus.

El tercer argumento es que la única forma de romper la prescripción es si el Frontón fue un delito de lesa humanidad, porque, según él, “la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad así lo dice”. Ortega no precisa qué validez le da a la reserva peruana a la Convención, que limita su aplicación a los delitos que se cometan con posterioridad a su entrada en vigencia. No hacerlo le genera problemas a su posición, puesto que si la reserva fuese válida, su afirmación sería contradictoria. Si la Convención es la única forma de vencer la prescripción y la Convención sólo aplica desde 2003, pero El Frontón ocurrió en 1986, entonces sería irrelevante si El Frontón fue o no lesa humanidad. La “única forma de romper la prescripción” de la que habla Ortega sería inaplicable. Su posición debería ser, entonces, que El Frontón ha prescrito.

Asumiendo entonces que Ortega ha concluido que la reserva peruana es una reserva inválida (argumento que él no hace, pero con el que puedo estar de acuerdo), aquí es donde sería posible entramparnos en el largo, complejo y controversial análisis del status consuetudinario de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Este es justamente el centro del entuerto en el que se metieron tanto el Tribunal Constitucional en 2013 como el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial en 2009. Mi argumento –el argumento que Ortega critica, justamente- es que toda esta disquisición es innecesaria. El status de El Frontón bajo el Derecho Penal Internacional no es (o, más bien, no tiene que ser) la única vía para determinar su imprescriptibilidad, justamente porque, para usar los términos de Ortega, la Corte Interamericana sí pinta.

En 2001, en el caso Barrios Altos, la Corte afirmó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas” (¶41). En este mandato, nada tuvo que ver si el crimen de Barrios Altos fue de lesa humanidad (de hecho, la frase “lesa humanidad” ni siquiera aparece en el texto de la sentencia). Lo que importa para la Corte es si se trata de una grave violación a los derechos humanos. El Frontón (i) es una presunta grave violación a los derechos humanos; (ii) donde se está alegando que la acción penal ha prescrito; (iii) dejando el crimen en la impunidad. La orden encaja, entonces, a la perfección. Si, como he demostrado arriba, partimos de que el Estado debe cumplir los compromisos que firma y que este compromiso en particular le requiere cumplir con las sentencias de la Corte, en consonancia con la Cuarta Disposición Transitoria y el artículo V antes citados, ¿bajo qué argumento podría argumentarse que el Perú no tiene que cumplir con este extremo de la sentencia?

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