Sobre el Indulto a Alberto Fujimori y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana

Ayer publiqué un artículo sobre el indulto a Fujimori y el concepto de lesa humanidad. El argumento central era, básicamente, que los delitos de lesa humanidad sí existían en 1992 y que lo que la Corte Suprema hizo fue, de forma creativa o controversial (según cada uno crea) paliar las deficiencias del ordenamiento interno peruano, que no tipifica penalmente los delitos internacionales que el Derecho Internacional le exige reprimir y sancionar. Para ello, la Corte emitió una declaración, según la cual, Barrios Altos y La Cantuta deberían recibir a nivel internacional el mismo tratamiento que reciben los delitos de lesa humanidad, incluso si, a nivel interno, el ordenamiento peruano no tiene las herramientas para sancionarlos.

Es inútil, sin embargo, intentar defender esa línea de argumentación a rajatabla. Existe, en efecto, una protesta plausible. Es la que hace, por ejemplo, Gonzalo Zegarra y, de verdad, no me parece que sea una argumentación equivocada. Solamente me parece una argumentación que pone al Perú en la vergonzosa posición de ser un país que no condena delitos internacionales. ¿Con qué derecho podríamos hablar de derechos humanos si nuestras cortes sentenciarían que Adolf Hitler no puede cometer crímenes de guerra en nuestro país?

Pero en fin, el argumento es lo que es y tiene sus limitaciones. El tema, es que la segunda línea de batalla en el argumento por la legalidad del indulto a Fujimori es que –no siendo crímenes de lesa humanidad- la Corte Interamericana (CtIDH) no declararía que el Perú ha incumplido sus obligaciones internacionales si indulta a Fujimori, porque ella sólo prohíbe las amnistías. Aquí sí, creo yo, hay un panorama legal mucho más claro.

Es cierto que en la sentencia principal en materia de amnistías (Barrios Altos c. Perú), la CtIDH no menciona los indultos, pero también es cierto que existe a nivel comparado y jurisprudencial suficientes indicios de cómo podría sancionar la Corte de darse un indulto. En Argentina, por ejemplo, ya se ha usado el precedente Barrios Altos para anular indultos, sin que nadie haya levantado protestas. De la misma forma como en el caso de los delitos de lesa humanidad, por ende, el principal problema con esta línea argumentativa es que –de nuevo- parte de la falsedad de pensar que esta es la primera vez en la historia que alguien se ha preguntado si una reducción de pena puede violar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Obviamente, no lo es.

El estándar de la Corte para determinar cuándo la reducción de la pena puede llevar a instancias de impunidad está en el caso Cepeda c. Colombia. Allí, la Corte sentenció que el otorgamiento de beneficios carcelarios “puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”. De hecho, en el mismo caso Barrios Altos, la Corte ya ha establecido criterios que nos pueden dar una pista de qué opinaría sobre un indulto a Fujimori. Cuando una sentencia del vocal Villa Stein redujo en 5 años la pena de Martin Rivas de 25 a 20 años, la Corte señaló expresamente que está facultada para “analizar la proporcionalidad entre la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita de un agente estatal y el bien jurídico afectado en la violación de derechos humanos, pues existe un marco normativo internacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos” (párrafo 54). De esta forma, para la Corte, “el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso” (párrafo 55).

Así pues, la Corte consideró que esta reducción de pena ponía al Perú en riesgo de incumplir con sus obligaciones internacionales y concluyó que “si bien aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional permite que ciertas circunstancias o situaciones puedan generar una atenuación de la potestad punitiva o la reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia (…), el Tribunal considera que el Estado deberá ponderar la aplicación de tales medidas en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad” (párrafo 57).

Es decir, la Corte sólo admite excepciones al cumplimiento de la pena proporcional cuando el Estado lo hace para ganar algo en concreto. Así, no está mal reducir la pena de un preso si con ello se consigue promover la justicia. Para todos los demás supuestos, la Corte asume una posición dura y de principio, de que las graves violaciones a los derechos humanos deben ser sancionadas con severidad.

Uno puede estar a favor o en contra de esta posición. La CtIDH tiene quizás la posición más radical con relación a este tipo de situaciones y es posible preferir posiciones más intermedias. De hecho, un problema interesante que se le presentará a la Corte en el corto plazo es el sistema de sanciones del Acuerdo de Paz firmado por Colombia y las FARC. En el esquema tradicional de la CtIDH, un acuerdo que permite sanciones de apenas 8 años por graves violaciones a los derechos humanos y que permite sanciones de mera restricción de movilidad para miembros de las FARC (y no miembros de las FFAA colombianas) no debería, en estricto, pasar el test. La jurisprudencia de la Corte en casos como el Mozote, sin embargo, llevan a pensar que este tipo de acuerdos pueden llevar a la Corte a revaluar su posición y suavizarla, dándole más rédito a la soberanía de la que tiene ahora (y de hecho, este sería un tema interesante para discutir en otro artículo).

El punto, empero, es que por lo menos hasta ahora, esa posición de rajatabla es la posición que existe, nos guste o no. Necesitamos basar nuestra opinión en las cosas que la Corte ha dicho para el mismo caso Barrios Altos. Si una reducción de 5 años en la pena dio pie a estas conclusiones, qué será de una reducción de dos tercios de la pena, como lo que se pretende para Fujimori.  Creo, por ende, que existe suficiente información disponible como para prever que la CtIDH no vería favorablemente un indulto a Alberto Fujimori. Podemos, por supuesto, tratar, pero si de predecir el futuro se trata, creo que la evidencia tiende a una conclusión negativa.

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