El 5 de Abril y la Estrategia Contrasubversiva

Hoy, 5 de abril, el Perú suele dividirse en dos, entre quienes consideran que el autogolpe de Alberto Fujimori fue absolutamente necesario y quienes lo consideran un inaceptable atentado contra la democracia. Un argumento común de sus defensores es que el autogolpe marcó un antes y un después historia del Perú. Según ellos, fue gracias a que se disolvió el Congreso que el Perú pudo desarrollarse y, quizás más importante, derrotar al terrorismo.

La apreciación colectiva del autogolpe de Alberto Fujimori siempre tendrá matices subjetivos que permitirán a detractores y defensores estar en perpetuo desacuerdo.  Como abogado especializado en el Derecho aplicable a las luchas contraterroristas, sin embargo, tengo la ventaja de poder guiarme de la ley y la mayor objetividad que su estudio me permite. No pretendo, por supuesto, que este breve artículo dé por superado el desencuentro. Sí creo, sin embargo, que estudiar el autogolpe desde una perspectiva histórico-jurídica puede ayudarnos a despejar ciertas dudas sobre su rol en la lucha contra el terrorismo con mucha mayor certeza de lo que puede ofrecer el mero enfrentamiento político.

Los defensores del autogolpe alegan que el abandono de la democracia permitió suficiente flexibilidad al gobierno para poder emitir las normas que se necesitaban para derrotar a un enemigo tan cruento e inclemente como Sendero Luminoso. Esta afirmación tiene cierto sentido común. El autogolpe permitió a Fujimori aprobar una serie de decretos ley en materia de lucha contrasubversiva que nunca habrían sido aprobados por el Congreso. Así, por ejemplo, el Decreto Ley 25475 y otros similares incrementaron las penas para el delito de terrorismo, restringieron el acceso al habeas corpus, restringieron el acceso a un abogado y permitieron la realización de procesos penales militares ante jueces sin rostro. Sin lugar a dudas ninguna de estas medidas habría podido ser desarrollada o implementada en democracia con el Congreso abierto.

La verdadera cuestión del autogolpe, sin embargo, no es cuáles fueron las leyes que permitió aprobar, sino qué ventajas nos dieron estas leyes en la lucha contra Sendero. Es decir ¿fue el Decreto Ley 25475 lo que derrotó al terrorismo? ¿O podemos encontrar otra causa? Veamos.

Siendo justos, uno debe reconocer que el mérito de la legislación antiterrorista producida después del autogolpe fue asegurar que las convicciones alcanzadas en el marco de la política contrasubversiva sean simultáneamente duras y durables. De poco habría servido capturar a Abimael Guzmán si el juez que lo sentenciase hubiese estado intimidado por Sendero para darle una pena insuficiente o si, estando preso, hubiese podido salir libre vía beneficios penitenciarios demasiado generosos.

Al mismo tiempo, sin embargo, el costo que se pagó para lograr ese objetivo fue claramente muy alto, tal como la política de indultos de inicios de los 2000 demuestra. Es decir, el trueque que realizó el gobierno post-autogolpe fue cambiar un sistema en donde las leyes eran tan cautas que permitían a un culpable ser declarado inocente por error, por un sistema en donde las leyes son tan draconianas que a fin de asegurar la condena de todos los culpables, se aceptaba la certidumbre de que más de un inocente sería declarado culpable injustamente.

Sin duda los matices políticos permitirán a cada uno evaluar la moralidad de este tipo de trueque utilitarista, pero por lo menos desde la perspectiva de justicia categórica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la evaluación de semejante régimen legal es claramente negativa. En todo caso, además, simplemente no es posible decir que la existencia del Decreto Ley 25475 fue indispensable para la derrota de Sendero Luminoso. De hecho, grandes porciones del Decreto (pero no el Decreto en su totalidad) fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional poco después de terminado el gobierno de Fujimori. Todas las condenas logradas a su amparo fueron anuladas y los procesos reiniciados con nuevos estándares respetuosos de los derechos humanos. Toda la cúpula de Sendero volvió a ser encontrada culpable de terrorismo en el nuevo juicio de 2006, a pesar de tener a su disposición aquellos derechos procesales que el Decreto 25475 y otros decretos similares les negaron: hábeas corpus, derecho a un abogado, derecho a revisar las pruebas presentadas en su contra, etc.

Es decir, lo que el Perú de 1992 necesitaba -más que un régimen legal contraterrorista que suprima derechos procesales- era un régimen legal (y político) que proteja a los jueces y les brinde herramientas para poder encarcelar a los culpables con penas realmente justas y no irrisorias. Ese fue un subproducto del Decreto, pero no fue el propósito último de la norma, que más bien buscaba tornar imposible la defensa de un acusado por terrorismo. En ese sentido, el rol del Decreto en la derrota de Sendero fue más incidental que fundamental; hubiese sido perfectamente posible diseñar un régimen que agrave las penas, reduzca los beneficios y proteja a los jueces, sin destruir el hábeas corpus y los derechos procesales básicos. Eso es obvio, pues ese es el sistema legal que tenemos hoy (si bien con todavía más de una deficiencia por resolver, incluyendo en relación a la agravación de algunas penas).

Otro argumento de los defensores del autogolpe es que permitió la creación de una política contrasubversiva paralela ya no limitada por las restricciones del Congreso y la democracia; es decir, un desagradable eufemismo para decir que el autogolpe permitió la creación del Grupo Colina. Sin embargo, incluso peor que con el Decreto Ley 25475, las contribuciones del Grupo Colina a la lucha contrasubversiva fueron nulas.

Efectivamente, si uno analiza los operativos del Grupo, notará una tendencia bastante peculiar: nunca dieron con ningún alto mando senderista ni con un solo objetivo de valor táctico o estratégico: estudiantes universitarios, comensales de una pollada, sindicalistas y periodistas. Incluso, varios casos reportados del Grupo Colina ni siquiera fueron operativos militares oficiales, sino meras instancias de sicariato en donde empresarios inescrupulosos los contrataron para asesinar a personas que no eran de su agrado. El valor estratégico del Grupo Colina en la lucha contrasubversiva, por ende, al menos de la información disponible (y de la que se valen sus propios defensores) fue de cero. Todas las cosas que llevaron a la derrota de Sendero en los Andes y la captura de Abimael en Lima pudieron lograrse sin la existencia del Grupo.

Entonces, si no fue el Decreto Ley 25475 y no fue el Grupo Colina, ¿qué fue lo que derrotó al terrorismo? Pues bien, por un lado, es bien sabido que en el frente urbano, la captura del alto mando senderista se produjo como resultado del trabajo policiaco del grupo especial de inteligencia – GEIN. En el frente andino, la victoria contra Sendero se gestó desde el nuevo Manual de Guerra No Convencional producido por el Ejército en 1989 (Manual ME 41-7) que buscó abandonar la política de tierra quemada emprendida por el Estado desde 1983. Bajo el nuevo Manual, inspirado en doctrinas modernas de contrainsurgencia, el Ejército inició una política de cooperación con las comunidades campesinas estableciendo los así llamados comités de autodefensa o rondas campesinas. Este esfuerzo por dos frentes, urbano y andino, terminaría aniquilando a Sendero Luminoso que, para 1997, se encontraba ya estratégicamente derrotado.

¿Qué puede decirnos el Derecho de estas políticas contrasubversivas? Pues bien, la reorganización de la Policía que permitió otorgarle la independencia, flexibilidad y recursos que requería sólo fue posible gracias a un largo proceso de reformas iniciadas antes del gobierno de Fujimori, y que culminaron con la promulgación del Decreto Legislativo 744, en 1991. De la misma forma, el proceso de creación de los comités de autodefensa propuesto por el Manual ME 41-7 sólo pudo ponerse en práctica gracias a la promulgación de un muy discutido y controversial Decreto Legislativo 741, también en 1991.

Como sus mismos nombres lo indican, los decretos legislativos 741 y 744 fueron decretados por Fujimori con la avenencia del Congreso (el Poder Legislativo). Por definición, entonces, la disolución del Congreso no fue necesaria para derrotar Sendero Luminoso. En términos simples, las herramientas que el gobierno más utilizó para derrotar a Sendero fueron diseñados en tiempo de democracia, mientras que las herramientas diseñadas en tiempo de autocracia no sólo tuvieron un impacto bastante más limitado, o incluso en algunos casos inexistente, sino que, además, le causaron al Perú un costo social, cultural, jurídico y político que hasta el día de hoy lucha por superar.

Como dije al inicio, por supuesto, no pretendo con estas líneas zanjar un debate tan encarnizado como el del rol de Fujimori en la derrota del terrorismo, que estoy seguro continuará por muchos años más. Los matices políticos subjetivos de los que hablé seguramente influenciarán la apreciación que cada uno tenga sobre las normas y políticas que nos llevaron a la victoria, y  cada uno le otorgará a Alberto Fujimori distinto grado de mérito en su diseño y ejecución, tanto para bien como para mal. Lo que sí me parece importante es que podamos entender dónde es que el matiz político deja de cumplir un rol verdadero y pasa a ser reemplazado por los datos probados que he mencionado en este análisis histórico-jurídico. Después de todo, existe consenso, tanto desde la Comisión de la Verdad, como desde la Comisión Permanente de Historia del Ejército, en que los elementos cruciales que permitieron la derrota del terrorismo fueron el cambio de política contrasubversiva y la mayor inversión en la recolección de inteligencia. Existirán por supuesto detalles en donde hayan divergencias, pero lo cierto es que nadie ha dicho hasta ahora que a Sendero lo vencimos porque le denegamos habeas corpus a los acusados de terrorismo o porque las operaciones del Grupo Colina hayan tenido el más mínimo valor estratégico.

La verdad pura y dura, pues, es que más allá de gustos e inclinaciones políticas, más allá del mérito que se le quiera dar a tal o cual presidente en su implementación, el dato objetivo e incuestionable que sabemos hoy es que las estrategias diseñadas en los años inmediatamente anteriores al autogolpe fueron mucho más eficaces que las diseñadas después de él; y este es un dato que necesariamente debe informar nuestra evaluación personal del 5 de abril. La vinculación del autogolpe con la derrota de Sendero es de cercanía cronológica, no de causalidad.

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One Response to El 5 de Abril y la Estrategia Contrasubversiva

  1. Guillermo Roose says:

    A raíz de su FB sobre el indulto a Fujimori he tenido oportunidad de encontrar su página y comenzar a leerla. Lo felicito, es usted una persona muy explicita en sus conocimientos y clara en la exposición de éstos. Yo quisiera a modo de una pequeña colaboración a su cronología de los hechos resaltar la investigación de Gorriti sobre la determinación de Montesinos (o Fujimori o ambos) de postergar la captura de Guzmán en diciembre de 1990, en la casa de la calle Buenavista. Así mismo la hepática reacción de ambos contra el equipo de la GEIN que capturó a Guzmán en 1992. Ambos hechos, vistos en retrospectiva, señalan que para estos personajes la libertad de Guzmán era necesaria para justificar las diferentes medidas que tomaron, no tanto para derrotar a Sendero Luminoso, sino para justificar la tesis de un gobierno de larga data, destinado a impulsar el concepto de 20 años o más eran necesarios para “reordenar” este país.
    Obvio que la derrota de los grupos terroristas estaban en sus planes, pero no antes de hacer imprescindible el gobierno de Fujimori y Montesinos. ¿Estaba de acuerdo explícitamente Fujimori con la idea? Yo creo que Montesinos lo tenía envuelto en una burbuja, desde que se lo llevó a vivir al Círculo Militar, primero y luego al SIN, pero Fujimori no podía ser tan ignorante como para no saber de ese proyecto y compartir las mismas ideas con el asesor.

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