Sobre la Liberación de Castillo Petruzzi

La liberación del líder emerretista Jaime Castillo Petruzzi es una noticia difícil de tragar. El caso de Castillo Petruzzi refleja bastante bien la insatisfacción de buena parte de la población frente a las instituciones de derechos humanos y creo que es importante que hablemos de él.

Castillo Petruzzi fue un integrante del MIR chileno, entrenado en guerra de guerrillas en Cuba y enviado como apoyo a los sandinistas nicaragüenses y el Frente Farabundo Martí de El Salvador. Llegó al Perú luego de conocer a Víctor Polay mientras hacía estudios en Francia y, en 1986, fue encargado de diseñar una nueva estrategia militar para el MRTA.

El primer paso en la estrategia de Castillo Petruzzi consistió en procurar el financiamiento necesario para que el MRTA pueda abrir un “frente guerrillero” en el Departamento de San Martín (lo que luego se llamaría el “Frente Nororiental”). Para lograr este objetivo, Castillo Petruzzi diseñó una política sistemática de secuestro de empresarios. Estos secuestros fueron particularmente inhumanos. Los detenidos eran colocados en pequeños cuartos sin acceso a servicios de saneamiento y sin luz natural llamados “cárceles del pueblo”. En varias ocasiones, fueron asesinados incluso después de haberse realizado el pago correspondiente.

Castillo Petruzzi tomó parte directa en esta política y su crueldad ha sido ampliamente reportada por emerretistas arrepentidos. En 1993, por ejemplo, durante la operación de secuestro del empresario Pedro Miyasato, uno de los secuestradores aparentemente habría sido demasiado benévolo con su víctima y habría sido asesinado a sangre fría por el propio Castillo Petruzzi. No mucho después, el cuerpo del empresario fue encontrado en La Victoria, con múltiples heridas de fuego y de armas punzocortantes.

Ser secuestrado por el MRTA era algo tan terrible y cruento, que cuando se descubrió el cuerpo del empresario David Ballón, estaba tan demacrado que no pudo ser identificado por las autoridades. La necropsia reportó que Ballón fue asesinado de dos balazos en la cabeza y que antes de morir había sido golpeado en la cara, privado de alimentos y sometido a tratos crueles y degradantes. No hay duda alguna de que el mismo Castillo Petruzzi estuvo a cargo de toda la operación. No hay duda de que Castillo Petruzzi es un monstruo, que es un terrorista y que merecía morir en la cárcel por sus delitos.

Castillo Petruzzi fue detenido el 15 de octubre de 1993, en Surquillo. De acuerdo con la legislación antiterrorista aprobada por el ex Presidente Alberto Fujimori, a Castillo Petruzzi le fue denegado acceso a un abogado hasta después de rendir una declaración testimonial. Con estos datos, Castillo Petruzzi fue denunciado por traición a la patria (a pesar de ser un ciudadano chileno) y sometido a la competencia de la justicia militar “sin rostro”. A su abogado, Grimaldo Achaui, no se le permitió entrevistarse con él antes del juicio oral ni tener acceso al expediente por más de 40 minutos. No se le permitió tampoco tener acceso a las pruebas presentadas en contra de su defendido ni contrainterrogar a los testigos presentados por el Estado. Achaui sólo pudo reunirse con Castillo Petruzzi después de que la sentencia de primera instancia había sido emitida. Dos meses después, el juez de segunda instancia confirmó la sentencia y, dos meses después, el Tribunal Supremo Militar declaró infundado el pedido de nulidad de la sentencia. ´

Nada en este proceso puede describirse como “administración de justicia”. Los peruanos solemos olvidar que la nulidad de este juicio a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se debió únicamente a la condición de “sin rostro” de los jueces. De hecho, el estándar internacional para este tema es que los procesos penales deben ser públicos “salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. El Gobierno de Fujimori nunca argumentó que la condición de “sin rostro” era una forma de preservar la justicia en un contexto en donde los jueces eran asesinados por los emerretistas y senderistas que condenaban. No. La defensa de nuestro gobierno fue en cambio afirmar que Castillo Petruzzi y las personas detenidas junto con él “fueron juzgadas cumpliéndose escrupulosamente las garantías procesales establecidas en la legislación peruana, en especial las relativas al debido proceso y al derecho de defensa”; es decir, nada (ver aquí, p. 55).

Incluso si el argumento del Estado hubiera sido que los juicios sin rosto eran necesarios para salvaguardar la vida de los jueces, ¿cuál era la necesidad de impedir que el abogado de Castillo Petruzzi leyera los cargos pronunciados en su contra? ¿Cuál era la necesidad de denegar acceso al proceso de habeas corpus? ¿Cuál la necesidad de impedir que un abogado confiera con su cliente? ¿Cómo justificar un proceso de apelación y casación que dura 4 meses en un país en donde un juicio de desalojo dura en promedio 6 años? La verdad de las cosas es que el gobierno de Fujimori se disparó en el pie cuando decidió crear un régimen legal más preocupado por ser “duro con el terrorismo” que uno que determine la culpabilidad del acusado.

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la nulidad del proceso (además del pago de 10 mil soles a los familiares por concepto de costas y costos del proceso) y luego del fin del gobierno de Fujimori, Castillo Petruzzi recibió una nueva sentencia, esta vez ya respetándose el debido proceso. Por motivos que escapan mi comprensión, sin embargo, fue condenado a 23 años de cárcel y no a cadena perpetua, incluyendo el pago de una reparación de 250 mil soles. Para mí es difícil conciliar mi convicción por la justicia con un resultado como ese.

Hace no mucho, Maycol Berrío, alias “Loco Maycol” fue condenado a cadena perpetua y a una reparación civil de 100 mil soles por el asesinato de una mujer que se resistió a ser asaltada. Bryan Romero, el asesino de Ruth Thalía, recibió también cadena perpetua y una reparación de 700 mil soles. ¿Cómo explicar entonces que el asesino y secuestrador de tantas personas, líder de una banda terrorista como el MRTA, reciba únicamente 23 años de cárcel y 250 mil soles de reparación civil? Quizás fue un producto de la época “post terrorismo”. Quizás fue un terrible error judicial. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que nuestro Poder Judicial habló y el resultado es que hoy, Jaime Castillo Petruzzi está libre, caminando por las calles de Santiago.

Podemos hablar mucho sobre este caso y la injusticia que representa su libertad. De hecho, más de uno lo está haciendo. Yo comparto la indignación y ya tuve más de un momento de frustración y rabia por esta noticia. Creo, sin embargo, que una discusión más productiva será una discusión que nos ayude a aprender de los errores del pasado.

Fue un error, creo yo, que la sentencia contra Castillo Petruzzi se dicte en la década de los 2000, ya lejos del contexto en el que sus crímenes aún estaban frescos en la memoria colectiva peruana. Una sentencia a 23 años habría sido imposible en los noventas porque todo el mundo habría seguido el juicio con más atención de la que lo hizo en los 2000. El tema es que la culpa de que ello sucediera no es de la Corte Interamericana ni de los derechos humanos. Ellos siempre nos dijeron, desde que firmáramos el Pacto de San José, que no dar acceso a pruebas, no dar habeas corpus, no ofrecer mecanismos de defensa adecuados está mal. Nosotros decidimos ignorar el Derecho aplicable por dárnoslas de “duros” y pagamos el precio. Pagamos, de hecho, un doble precio. Por un lado el precio de nuestra falta de memoria. ¿Cómo es posible que un juez peruano dicte una condena de 23 años a una persona que ha secuestrado, torturado y asesinado no a una, no a dos, sino a por lo menos una decena de ciudadanos inocentes? Por otro, pagamos el precio de nuestra propia ignorancia. Decisión estúpida la nuestra de concentrar nuestras balas en la venganza y no en la justicia. Esos juicios militares fueron nulos desde el día en que se realizaron y lo sabíamos bien. Es más, fueron nulos por buen motivo; y es que el sistema penal de Fujimori tomó una elección que a mi entender fue inmoral: que es mejor que un inocente sea condenado a cadena perpetua porque se le impida demostrar su inocencia, a que un culpable sea exonerado de pena porque se diseñe un sistema que requiera de los mismos estándares probatorios que rigen para el resto de casos judiciales en el Perú.

Nuestro país es una democracia y un Estado de Derecho. Estos dos valores, precisamente los valores que el MRTA y Sendero Luminoso querían destruir, vienen con un precio; un precio que sólo los valientes están dispuestos a pagar. Las democracias, los Estados de Derecho, no se transforman en monstruos para derrotar a un monstruo. Hacerlo es la solución del cobarde. La salida fácil. La dictadura de las mayorías: que algunos inocentes paguen con sus vidas por la tranquilidad mental de la mayoría asustada frente al terror de los culpables. Eso, sinceramente, es inmoral. Y es allí de donde parte la raíz de la necesidad de nuestra reconciliación.

¿Reconciliación con quién? Pues, reconciliación con nosotros mismos y con nuestro propio pasado. Reconciliación con la idea de que no estuvimos a la altura de los valores que nuestra república representa. Reconciliación con la idea de que, en nuestro temor, nos decidimos por la salida fácil y que esa salida vino a un costo que hoy estamos pagando, viendo a Jaime Castillo Petruzzi caminar libremente por las calles de Santiago. Reconciliación con la idea de que nuestra lucha contra el terror era justa, pero que los medios que empleamos (tanto en el gobierno de Fujimori como en los de Belaunde y García) fueron ilegales y estuvieron equivocados. Reconciliación con la idea de que por obsesionarnos con que había que condenar a un indudable culpable como Castillo Petruzzi, más de un peruano inocente fue condenado también como terrorista en un sistema sumario que nunca les permitió demostrar su inocencia. Reconciliación con la idea de que el Perú cayó al fondo del pozo y que eso no nos puede volver a ocurrir.

Sí, es difícil ver libre a Castillo Petruzzi, y tenemos derecho a indignarnos y a protestar por algo que, en mi opinión, es una injusticia sin nombre, porque Castillo Petruzzi merecía morir en la cárcel. Pero hay más temas para pensar en esta discusión y espero que estas líneas hayan servido para que los ponderemos siquiera por algunos breves minutos.

#TerrorismoNuncaMás

Advertisements
This entry was posted in Sin categoría and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s