El Perú y Venezuela: ¿Qué puede hacer PPK?

El Perú ya tiene un nuevo gobierno, y si las recientes declaraciones de Diosdado Cabello exigiendo que el Presidente Kuczynski se abstenga de opinar sobre los asuntos internos de Venezuela son indicación de algo, nuestras relaciones bilaterales con ese país están a punto de cambiar. ¿Qué podemos esperar de una política exterior marca PPK?

Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Perú tuvo una posición excesivamente cautelosa en relación a la grave crisis de institucionalidad y violación de derechos humanos que vive Venezuela. A lo largo de todo el 2015, el Perú emitió cuatro comunicados oficiales al respecto. Uno para felicitar a Venezuela por sus elecciones parlamentarias y tres para demostrar su preocupación por el arresto del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma; la muerte de un estudiante en las protestas contra el gobierno de Maduro; y la sentencia en contra de Leopoldo López, respectivamente. Ninguno de estos comunicados logró ejercer presión alguna en el gobierno venezolano para lograr cambios en la grave crisis de democracia y derechos humanos que vive el país llanero. De hecho, el Perú ni siquiera emitió comunicados respecto del intento del Gobierno Venezolano de desautorizar a la Asamblea Nacional para ejercer sus funciones legislativas, ni la histórica activación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA.

Así, por ejemplo, ante la condena de Leopoldo López, nuestra Cancillería manifestó su preocupación por la “situación de polarización interna” que afecta a Venezuela e hizo un llamado al diálogo. No hubo mención alguna a los serios problemas en materia de derechos humanos y debido proceso que aquejaron al proceso y condena del político venezolano, incluso a pesar de la declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que exigió la liberación de López, afirmando que el proceso se llevó a cabo “a puerta cerrada [y estuvo] marcado por graves irregularidades”.

En comparación, por ejemplo, el comunicado emitido a raíz del mismo hecho por la Cancillería chilena (un país en una situación geo-política similar a la peruana en lo que atañe a Venezuela) afirmaba que –si bien respetaba las facultades de los tribunales venezolanos- esperaba que “se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia”. El comunicado chileno se hizo acreedor a una respuesta de Venezuela que acusaba a Chile de injerencia en sus asuntos internos. Chile contestó que “bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país”.

Chile no fue el único país en mostrar su intranquilidad por la situación en Venezuela. Costa Rica, un país con una larga trayectoria de respeto por los derechos humanos, mostró su preocupación esperando que estén “incuestionablemente disponibles, todas las garantías judiciales del debido proceso, la justicia, la seguridad jurídica y la eficacia de las instancias correspondientes, que debe proveer un Poder Judicial independiente en un estado democrático de derecho, para que las personas puedan apelar la sentencia, si así lo consideran necesario”. Paraguay también, quizás añadiendo un colofón algo más severo, manifestó que si bien respeta el principio de no intervención, “no por ello ha sido menos categórico en la protección de los derechos fundamentales del hombre, como son sus derechos civiles y políticos”.

De por sí, todos estos comunicados son bastante tibios si se los compara con el de Estados Unidos, que claramente llama ilegítima a la condena y afirma la condición de prisionero político de Leopoldo López. El Perú no tenía que llegar a estos extremos para manifestar su inconformidad con la situación de la democracia venezolana, sólo tenía que expresar preocupación por el respeto mínimo al principio de doble instancia y las garantías procesales de un detenido para mantenerse dentro del estándar no-chavista de la región, pero ni siquiera eso hizo. Un gobierno Kuczynski definitivamente tendrá que asumir una posición más fuerte que el anterior en este tema.

La ventaja para el nuevo gobierno es que desde fines de mayo de este año, el trabajo diplomático para aquellos gobiernos que deseen oponerse a las maniobras antidemocráticas y violaciones a los derechos humanos de Nicolás Maduro se ha vuelto más sencillo gracias a la labor del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. En efecto, el 30 de mayo pasado, el Secretario publicó un duro y largo informe de 114 páginas en donde afirmó que, en Venezuela, “el propósito de la política se ha perdido” y que sus autoridades “se han olvidado de defender el bien mayor y colectivo en el largo plazo en vez del bien individual en el corto plazo” (traducción libre, p. 10). El informe repasa la crisis humanitaria y democrática que vive Venezuela, afirmando tajantemente (y rompiendo con la cautela de los gobiernos sudamericanos) que en Venezuela hay prisioneros políticos y no hay independencia de poderes. En las palabras del Secretario Almagro, “[l]a criminalización de la protesta, el acoso y encarcelamiento de oponentes son prácticas típicas de un Estado opresor. Estas personas son presos de conciencia del gobierno venezolano. (…) En Venezuela existe una alteración del orden constitucional democrático, derivada de la erosión gradual, continua y sistemática de la democracia” (traducción libre, pp. 31 y 56).

El informe concluye solicitando –por primera vez en la historia de la OEA- que se someta a consideración de OEA la activación de los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana.  Venezuela, como era de esperarse, reaccionó con furia ante el reporte e intentó aprobar una resolución en la Asamblea General expresando su profunda preocupación por un supuesto (e infundado) abuso de poder del Secretario (Documento No. AG/doc.5553/16), algo que al final no sucedió. Más bien, se acordó que el Consejo Permanente de la OEA se reuniría para discutir la situación venezolana.

En la reunión del Consejo de 23 de junio, Venezuela intentó infructuosamente que se cancele la sesión antes de empezar, pero perdió la votación por 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. En dicha votación, votaron a favor de que se discuta la situación de Venezuela las representaciones de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Una vez abierto el debate, el Consejo Permanente decidió estudiar la situación con miras a una determinación de qué medidas se deberían tomar, si es que alguna. A la fecha, la situación del informe es la misma: los Estados de la OEA están estudiando el informe, pero no se ha tomado ninguna decisión final al respecto. De acuerdo con las últimas informaciones, el Secretario General se encuentra preparando una ampliación del Informe para incluir mención al referéndum revocatorio que está proponiendo la oposición venezolana.

Así pues, si la idea es cambiar la política exterior en relación a Venezuela para promover la defensa de la democracia en la región y el respeto de los derechos humanos, la tarea inmediata del gobierno del Presidente Kuczynski debería ser asumir un liderazgo en la región, en alianza con el Secretario de la OEA, para asegurarnos de que el tema de Venezuela y la activación de la Carta Democrática no quede simplemente en el olvido, archivado en algún cajón de la OEA.

Lograr esto requerirá poder concertar los esfuerzos de los gobiernos opositores a Maduro, principalmente los de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Un papel inteligente de la diplomacia peruana en este respecto podría ser vital para los intereses de la democracia, dado el progresivo desinterés que parece haber por activar este mecanismo de parte de algunos actores claves. Tomemos, por ejemplo, el caso de Argentina. Si bien se mostró originalmente presto a presionar para que se invoque la Carta Democrática Interamericana, el gobierno de Mauricio Macri ha dado una considerable marcha atrás, pactando bajo la mesa un intercambio con el gobierno venezolano: a cambio de que Argentina trabaje en contra de la Carta Democrática, Venezuela (y su larga lista de petro-aliados en el Caribe) apoyaría la candidatura de la Canciller argentina Susana Malcorra a la Secretaria General de la ONU. En Brasil, el Ministro interino de Relaciones Exteriores, José Serra, tiene como prioridad en estos momentos fortalecer la posición internacional del gobierno interino de Michel Temer (que ocupa por el momento el despacho del Presidente, mientras dure el proceso de revocatoria de Dilma Rousseff). De momento, por ende, la política brasilera respecto de Venezuela tiende más a la publicación constante de comunicados subidos de tono, más con el objetivo de satisfacer a los simpatizantes conservadores de Temer que a iniciar un verdadero camino diplomático que pueda distraer sus esfuerzos en otros países clave.

Es quizás por ello que los esfuerzos de tanto Malcorra como Serra parecen alejarse del largo y complicado camino jurídico que les esperaría en la OEA, para concentrarse más bien en una más cómoda arena política como el traspaso de la presidencia de Mercosur, donde pueden dedicarse a simplemente lanzar algunos golpes políticos que ayuden a sus gobiernos a salvar la cara, al mismo tiempo que no perjudican en nada ni sus intereses ni los intereses de Venezuela.

Es aquí pues donde el gobierno peruano puede cumplir un rol, manteniendo la presión en la OEA y exigiendo que no se pierda de vista el lado jurídico –de derechos humanos- de la discusión. Esta es una misión perfecta para el Perú y un interesante reto para una Cancillería que está entre las más profesionales y hábiles de la región, pero que no ha tenido la primacía que merece en los últimos cinco años, algo opacada por una política exterior más interesada en lo comercial que en lo político. El Perú, después de todo, es el padre de la Carta Democrática Interamericana. Su nacimiento fue fruto del colapso del gobierno de Fujimori y el deseo del pueblo peruano de que los gobiernos de América no puedan nunca más conspirar para destruir la democracia y los derechos humanos. Estamos pues en una posición privilegiada, casi un deber histórico, de asegurarnos de que este procedimiento llegue al pleno del Consejo Permanente y se vote.

Este camino puede además tener efectos interesantes en la política interna peruana, pues una posición fuerte en contra del gobierno de Maduro forzará a las dos principales fuerzas de oposición –fujimoristas y frenteamplistas- a asumir posiciones algo incómodas. Por el lado de los fujimoristas, una oposición clara al gobierno de Maduro sería una de esas políticas que no podrían rechazar sin alienar a sus votantes y quedar como hipócritas. Esto brindaría al gobierno un punto de partida para forzar un cambio de narrativa en una bancada que, de momento, parece tener como única misión oponerse a todo lo que el gobierno les ponga en frente. Por el lado del Frente Amplio, en cambio, una política de oposición al Chavismo, pero estrictamente ceñida a la defensa de la Carta Democrática Interamericana –un documento íntimamente ligado a la caída de Fujimori- forzará a sus congresistas a tomar una decisión sobre si finalmente deslindan con la defensa del Chavismo que tanto caracterizó a la candidatura de Verónika Mendoza en las elecciones pasadas. Si no rechazan el chavismo, arriesgarán que se termine la luna de miel con que PPKausas y frenteamplistas han iniciado este periodo, permitiendo más bien un acercamiento entre PPK y los fujimoristas que políticamente no les conviene. Si lo rechazan, en cambio, podrán mantener las buenas relaciones con el gobierno y –además- tener una buena justificación (la defensa de la Carta Democrática) para un cambio razonable y moderado de postura que no aliene a sus seguidores más extremos y más bien fortalezca su posición política con miras al 2021.

El panorama, por ende, viene difícil y lleno de retos, pero también muy prometedor. Esto además incluso si la votación en la OEA fuese favorable para Venezuela, ya que el peso simbólico de la votación sería un hito suficiente para dar pie a un proceso diplomático que pueda cambiar la marea de la región frente al inhumano gobierno de Maduro.

Es momento de colocar a nuestro Perú en la posición de liderazgo en la defensa de la democracia regional que diseñamos para él allá en 2001. Ojalá este nuevo gobierno asuma ese reto.

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