Verónika Mendoza y el Cambio de Constitución: Una Propuesta Inconstitucional

La candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, ha propuesto que cambiemos nuestra Constitución. La soltura con la que habla de este tema daría a entender que hacerlo es algo normal (después de todo, nuestro país tiene ya más de una decena de constituciones). Cambiar una Constitución, sin embargo, no es ni debería ser fácil. Es por eso que tanto la actual Constitución de 1993 como la anterior de 1979, incluyen disposiciones que obligan a todos los peruanos a “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” (arts. 38 y 74, respectivamente).

La permanencia en el tiempo de una Constitución es uno de sus atributos más importantes. La Constitución, en tanto norma fundamental del ordenamiento jurídico de un país, establece las reglas de juego para todos los aspectos de la vida de un país. Desde quién es ciudadano hasta cómo se regula la economía. Abrir a debate todos y cada uno de estos puntos desde cero es un costo político y social enorme, que no debe ser tomado a la ligera y que dura años enteros en llevarse a cabo.

Es por estos motivos que en toda nuestra historia, ninguna de nuestras constituciones ha nacido como consecuencia del normal desarrollo del proceso democrático peruano. Todas y cada una de las constituciones que han regido este país han nacido de un momento en que nuestra democracia estaba enferma, convaleciente o por lo menos debilitada; y en la mayoría de veces, los cambios de constitución han respondido a aventuras autocráticas y golpes de Estado. Sea que hablemos de la Presidencia Vitalicia de Bolívar, la crisis de la Confederación Perú-Bolivia, la dictadura de Mariano Ignacio Prado, el Oncenio de Leguía, el golpe de Sánchez Cerro, el fin de la dictadura militar de Morales Bermúdez o el auto-golpe de Fujimori, la idea de que un cambio de constitución es necesario para que el candidato pueda gobernar es una idea asociada normalmente a gobiernos autoritarios o a periodos de transición. Verónika Mendoza sería la primera presidente democráticamente elegida que cambia una Constitución sin que exista una crisis política, un golpe de Estado o una guerra civil de por medio. No sería la primera, sin embargo, que cambia de Constitución simplemente porque preferiría gobernar con normas diferentes de las que la reciben; el problema, es que estar en esa lista no es algo muy halagador para un demócrata.

Mendoza sustenta su propuesta en que los cambios que plantea su Plan de Gobierno son incompatibles con la Constitución en vigor. Haciendo a un lado la cuestión previa de por qué un candidato a la Presidencia propondría propuestas inejecutables en su Plan de Gobierno, en estas líneas me interesa más bien hacer un fact-check de esta afirmación. ¿Verónika Mendoza realmente tiene que cambiar la Constitución para llevar a cabo su Plan de Gobierno? Y, si es así, ¿realmente va a poder lograrlo?

Las razones en las que Mendoza sustenta su pedido de cambio de Constitución están escuetamente explicadas en su Plan de Gobierno. Allí señala que “las nuevas relaciones entre sociedad, mercado y estado deben estar consagradas en una Nueva Constitución que exprese un nuevo acuerdo político fundamental que sea garante de los derechos y de los intereses de las grandes mayorías nacionales y no expresión –como es ahora- de la hegemonía de grandes grupos empresariales asociados con élites políticas corruptas”. Sin embargo, el Plan mismo no especifica cuáles son aquellas cosas que propone Mendoza que la conminan a tener que cambiar la Constitución completa. En su Plan, ella señala que la Constitución debe incluir a la orientación sexual y la identidad de género en su artículo 2, señala también que la Constitución debe reconocer el derecho al cuidado (de niños menores de edad) y reconocer a lo agrario rural como “régimen especial”. Mendoza también ha señalado que su pedido de cambio se sustenta en la necesidad de “recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales”; “combatir firmemente la corrupción”; elegir al contralor por concurso público y cambiar el modelo económico para invertir en petroquímica. Todas estas propuestas pueden plantearse al Congreso como un proyecto de ley de reforma constitucional sin que sea necesario cambiar de Constitución.

En efecto, la Constitución de 1993 recoge en su artículo 206 (el último de todos) el mecanismo por el que la Constitución puede ser reformada. De acuerdo con este artículo, “toda reforma Constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum”. Nada le impide a Verónika Mendoza plantear cuantas iniciativas legislativas desee para intentar modificar cada uno de los artículos de la Constitución que no le guste. El tema es que el resultado de este proceso, aún si el resultado es un documento con todos y cada uno de los 206 artículos de la Constitución de 1993 modificados por uno diferente, seguirá siendo la Constitución de 1993 reformada y no una Constitución nueva, de 2016. Esa diferencia importa. El artículo 206 impone la obligación de utilizar los canales constitucionales para alcanzar cualquier reforma, incluyendo la aprobación en el Congreso, un Congreso que, según las encuestas, estará compuesto mayoritariamente por congresistas fujimoristas de Fuerza Popular, que difícilmente querrán destruir el legado de su líder.

Aquí surge entonces la pregunta: ¿Cómo va a lograr Verónika Mendoza cambiar de Constitución dentro del marco constitucional provisto por la Constitución del 93, si no va a tener al Congreso de su lado? Esa es una pregunta que Mendoza siempre evade, señalando únicamente que va a haber que plantear el tema. Estas evasivas preocupan y me fuerzan a buscar un poquito más a fondo por una respuesta. Así, quizás si la candidata presidencial no da respuestas, la congresista sí lo haga.

Hace poco menos de un año, el 15 de marzo de 2015, Verónika Mendoza –la congresista- dio una entrevista al Diario La República en donde habló de su visión para el país. Allí, la congresista mostró su disconformidad con lo que denominó una “política de parches” y la falta de una visión integral de la problemática nacional. Cuando se le preguntó por mayores detalles, Mendoza señaló:

“Más allá de todas las leyes que podamos implementar, yo creo que lo que realmente hace falta es una suerte de revolución ciudadana. Una reforma política de la envergadura que necesitamos, sólo podría provenir de un proceso constituyente, de una Asamblea Constituyente” (resaltado agregado).

La congresista Mendoza, además, dejó en claro que esta Asamblea nacería fuera del marco de la Constitución de 1993. Mendoza recabaría firmas ciudadanas pidiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente que sería la que derogaría la Constitución de 1993 y renegociaría una nueva desde cero. Ella nunca habla del artículo 206, nunca habla de una votación en el Congreso, nunca habla de un referéndum ratificatorio. Esto ni siquiera es especulación. El Frente Amplio ya ha presentado un Proyecto de Ley (PL 2523-2013/CR), firmado por la mismísima Mendoza, que pide exactamente eso: la convocatoria a una Constituyente vía un referéndum.

Hay que ser claros: esta propuesta no es un mecanismo amparado por la Constitución. Es, por definición, una ruptura del orden constitucional en violación de los artículos 38 y 206 de la Constitución, que claramente señalan que todos los peruanos deben defender la Constitución (la de 1993) y que toda (*toda*) reforma Constitucional debe ser aprobada por un referéndum y por el Congreso de la República –el que elegiremos el 5 de junio de 2016; no por una Asamblea Constituyente. Punto. Cualquier otra alternativa será simplemente antidemocrática e inconstitucional.

Verónika Mendoza –la candidata presidencial- tiene que esclarecer cuáles son sus intenciones en relación a su propuesta de cambio de Constitución. De lo contrario, este domingo pondrá a millones de peruanos en riesgo de votar por alguien que quiere atentar contra nuestro orden democrático, de forma lamentablemente similar a como tantos otros líderes populistas lo han hecho –tanto en nuestro país como en países vecinos. El mínimo respeto que Mendoza le debe a esta democracia y sus deberes como ciudadana peruana, le obligan a afirmar públicamente y sin evasivas que no llamará a una Constituyente y que actuará siempre y a lo largo de todo su potencial gobierno dentro del marco legal establecido por la Constitución vigente; bajo pena, por supuesto, de convertirse en aquello contra lo que precisamente dice luchar.

Advertisements
This entry was posted in Sin categoría and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s