Hablemos de Velasco

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Reforma Agraria implementada por la dictadura militar de Juan Velasco. Creo que esta conversación es bastante bienvenida. Personalmente me resulta imperdonable la magnitud con la que los peruanos olvidamos que los procesos que dieron pie a la lucha por la democracia peruana de finales del siglo XX -ensangrentada por Sendero, empobrecida por García y rematada por Fujimori- vieron sus antecedentes más remotos no un 17 de mayo ni un 5 de abril, sino un 3 de octubre de 1968. Hablar sobre el legado (y las responsabilidades) de la dictadura velasquista me parece pues un preludio importante, si bien frecuentemente olvidado, de la realidad que vivió el Perú entre 1980 y 2000.[1] En este marco, la actual discusión, por más acotada y simplificada que esté siendo, es un paso en la dirección correcta para un completo entendimiento de nuestro actual proceso de transición.

Empezando por el principio, creo que lo primero que debemos hacer es plantear aquello en lo que estamos de acuerdo: Velasco fue un dictador. Aquí no hay vuelta que darle. Fue tan destructor de nuestra democracia como Videla en Argentina y Pinochet en Chile y cualquier defensor de la institucionalidad democrática así ha de admitirlo. El Perú de Velasco no tuvo elecciones libres, no tuvo libertad de prensa ni de expresión, promovió la polarización de nuestra sociedad, nos sumió en la pobreza y hasta quizás (¡no sabemos a ciencia cierta porque no hemos investigado!) nos incluyó en el infame Plan Cóndor. Creo que ese no es (ni debe ser) el foco de la discusión. Cuando hablamos de Velasco lo que nos hace discutir no es si fue un dictador o no. Lo que nos hace discutir es si su legado dictatorial fue justo o no con aquellas poblaciones que su régimen buscaba –al menos en teoría- reivindicar.

El ejemplo paradigmático de nuestra discusión sobre el velasquismo es pues su famosa (o infame, según a quién se pregunte) Reforma Agraria. Bajo esta política de redistribución de tierras las grandes haciendas del Perú serían confiscadas por el gobierno y entregadas a los campesinos que trabajaban en ellas en forma de cooperativas agrarias. Como compensación el Estado otorgaría bonos de obligatoria aceptación, que serían pagados en 20 años por montos de por sí ya inferiores al valor real de las tierras confiscadas (en la realidad, estos bonos nunca fueron pagados). La Reforma Agraria es pues vista por un amplio sector de peruanos como un robo orquestado por el Estado y una forma de abuso del poder público en contra de la población.

La otra cara de la Reforma Agraria, sin embargo, es aquella que se le aproxima de una forma más matizada, teniendo en cuenta el contexto de la época y el objetivo último que buscaba alcanzar. No es (o no debería ser, al menos) sorpresa para nadie que hasta la Reforma de 1969, la sierra peruana continuaba siendo un territorio gobernado bajo un sistema feudal, en donde los campesinos vivían en situación de semi-esclavitud y servidumbre, en muchos casos sometidos completamente a la voluntad de su patrón. Así, los campesinos eran casi comprados y vendidos con los terrenos en donde vivían y los gamonales propietarios de la tierra eran juez, policía y alcalde de sus vidas. Los delitos se castigaban a palazos y los sueldos se pagaban en comida. Era un sistema intolerable para cualquier democracia moderna.

Bajo esta visión, entonces, la reforma fue –para citar a Marisa Glave, candidata al congreso por el Frente Amplio- un “acto de justicia” que debe entenderse en el marco de un contexto sociopolítico determinado y que, si bien fallido desde una perspectiva económica, sí logró emancipar al campesinado del feudalismo en el que vivía. Así las cosas, el mensaje pareciera ser pues que el fin del gamonalismo bien valía una crisis económica.

Debo admitir que tengo problemas para masticar esta narrativa de la Reforma Agraria como acto de justicia. Por supuesto, no porque crea que el estatus quo de los Andes peruanos de finales de los 60 era deseable, sino porque siento que se trata de una visión demasiado simplificada de la realidad, que simultáneamente coquetea con la apología de la dictadura y peca de maquiavélica, planteando que la defensa de los derechos de unos bien vale la violación de los derechos de otros. Como un defensor de los derechos humanos, estas dos reservas resuenan con fuerza en contra de mis principios y me llevan a mantenerme escéptico y distante de cualquier ensalzamiento de esa Reforma Agraria.

Quizás la mejor explicación que he leído últimamente de esta posición matizada del velasquismo es la que ofrece Alberto Vergara en un artículo en la Revista Poder. Para él, uno debe comprender por qué se tuvo que hacer la reforma agraria de la forma en que se hizo: “la élite económica peruana petardeó la posibilidad de distribuir la tierra dentro de los cauces democráticos”, por lo que “[e]n 1969 el gobierno militar resolvió el entuerto con un golpe de sable”. Así narrada, concluye Vergara, la historia de la reforma agraria debe verse no como una mera catástrofe económica, sino como una política ya “más justa” en el contexto de su tiempo.

En otras palabras, el Perú de los 60s necesitaba de una reforma agraria (con minúsculas), pero como ésta no se pudo realizar en democracia, no quedó otra más que dejar a los militares hacer esa Reforma Agraria (con mayúsculas) de la forma en que se hizo. La culpa, pareciera ser entonces, es de la inhabilidad de la democracia de resolver un problema, forzando la mano a que su solución llegue autocráticamente. Bajo esta narrativa, la arbitrariedad del gobierno de confiscar “al caballazo” las tierras de todos los hacendados peruanos, de formas que no fueron ni consensuadas ni justipreciadas, y su negativa a estudiar alternativas a la confiscación como solución, quedan mejor paradas frente al objetivo valioso de la destrucción del gamonalismo.

Esta forma de pensar es, para mí, problemática. Implica centrar la discusión en un contexto que justifica y minimiza los (llamémosles) excesos de la Reforma Agraria para proteger su legado; algo profundamente lamentable en un país con una historia como la nuestra. Esta clase de narrativa, en donde el fin justifica los medios, no sería pues aceptable para explicar ningún otro de los (tantos) episodios anti democráticos y arbitrarios que ha tenido nuestro país. Es por eso que con justicia rechazamos las narrativas que pretenden justificar y minimizar el fujimorismo en atención a su contexto. No es aceptable (ni debería serlo) en el Perú de hoy argumentar que el objetivo valioso de la derrota del terrorismo puede justificar o minimizar la restricción del debido proceso de los acusados por terrorismo, ni puede avalar que el Estado decida no pagar las indemnizaciones que se les debe a aquellos terroristas que fueron torturados por el gobierno de Fujimori. A nadie ya se le ocurriría decir que tales prácticas serían “más justas” si se tiene en cuenta su contexto. ¿Por qué sí es aceptable entonces en el Perú de hoy decir que fue “justo” negarles debido proceso a los hacendados y no pagarles su compensación debida? El consenso moderno es que no se puede violar un derecho (el debido proceso, por ejemplo) para detener otra violación de derechos (sea el gamonalismo o el terrorismo). Ese principio debe ser universal, y no usarse selectivamente según el gobierno que analicemos.

El análisis además, resulta bastante limitado si sólo se considera que el contexto de la Reforma Agraria es aquello que la antecedió y no lo que le siguió. Es decir, si la valoración de la Reforma como justa depende de sus fines reivindicadores y empoderadores de los peruanos más pobres y oprimidos, por lo menos tendríamos que poder mostrar que este empoderamiento y esta reivindicación sucedieron de verdad. La Reforma Agraria de Velasco, sin embargo, no logró nunca este objetivo. Como señala Carlos Parodi (pp. 125-126):

“[E]ntre 1970 y 1976 la producción agrícola creció a una tasa anual promedio de 1.8%, mientras que el PBI global lo hizo a una tasa de 5.1%. En 1977, la agricultura no creció y en 1978 disminuyó en 3%. (…) [E]ntre 1970 y 1976 la producción agrícola destinada al consumo urbano mantuvo su dinamismo pre-reforma (…) pero aquella destinada a los consumidores rurales decreció en 1.1% anual y las exportaciones agrícolas cayeron en 1.3% anual. (…) La industrialización por sustitución de importaciones [seguida por la dictadura] discrimina en contra del sector agrícola, pues el tipo de cambio fijo y atrasado desincentiva las exportaciones del sector e incentiva las importaciones alimenticias. El control de precios de los alimentos también reduce los incentivos a los productores agrícolas. Estos factores atentan contra la inversión en el sector y sin inversión no hay crecimiento. Más aún con [la Reforma Agraria] sólo se benefició a la aristocracia campesina, es decir, aquellos agricultores que se empleaban en la parte moderna del sector; en cambio, las comunidades campesinas quedaron marginadas (…) Los beneficiarios no fueron los campesinos más pobres, que inclusive pasaron a ser contratados como trabajadores eventuales por los miembros de las cooperativas, generándose así una división de clase dentro de la clase trabajadora”.

En otras palabras, la Reforma Agraria velasquista en efecto reivindicó las libertades civiles a los campesinos, que ya no vivían en un sistema feudal, pero al mismo tiempo falló clamorosamente en el ámbito del empoderamiento, en donde más bien debilitó la situación de aquellos a quienes prometió enriquecer.

Bajo este contexto, entonces, la Reforma Agraria fue una política que (i) fue obra de un gobierno dictatorial; (ii) no respetó ni el derecho de propiedad ni el debido proceso de los hacendados afectados y (iii) empobreció al campesinado que supuestamente empoderaría. En este punto, la pregunta sería, entonces, si el fin del gamonalismo en el Perú no pudo acaso llegar de una reforma agraria que sea menos atentatoria contra la democracia, los derechos civiles y el bienestar de nuestros nacionales más pobres; y creo que en esto es que se centra mi resistencia a llamar “justa” a la Reforma Agraria; a esa Reforma Agraria, la de Velasco, la que violó derechos y empobreció al agro.

Hablar de esa reforma agraria sin hacer frente ni a su inherente arbitrariedad y autoritarismo ni a sus catastróficas consecuencias económicas es hacernos un flaco favor en el marco de nuestro proceso de construcción de una memoria nacional. Después de todo, es una narrativa que nos engaña a nosotros mismos en aras de glorificar aquellos objetivos valiosos que queremos destacar, escondiendo los delitos y las falencias de aquello que queremos ignorar. Este es un error que los peruanos conocemos bien y que ya no debemos cometer. No debemos confundir ser anti-gamonalismo con ser pro-Reforma Agraria. Existe allí, creo yo, un gran margen de diferencia que es importante tener presente. El fin del gamonalismo –como el fin del terrorismo en los noventas- fue un resultado positivo para nuestro país. Los medios con los que lo logramos, sin embargo -sea que hablemos de la Reforma Agraria o de los tribunales militares de Fujimori- no fueron los correctos. Esa es –creo yo- la lección clave que estamos aprendiendo de las nociones de justicia transicional que venimos persiguiendo desde que recuperáramos plenamente nuestra democracia a inicios de la década pasada.

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[1] Los nexos entre los años de dictadura militar y los hechos que ocurrieron entre 1980 y 2000 son quizás ya ajenos al ámbito de estudio de este artículo, pero no por ello dejan de ser menos importantes: Es durante el velasquismo que el senderismo logró asentarse en la sierra peruana. Es por causa del velasquismo que Belaunde no actuó de consuno con sus Fuerzas Armadas para derrotar al terrosimo a inicios de los ochentas. La caída de la dictadura fue lo que creó la Constitución de 1979 tan vilipendiada por quienes justifican la disolución del Congreso de Fujimori. Para entender el Perú de los 80s, resulta muy útil conocer al Perú de los 60s y 70s.

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One Response to Hablemos de Velasco

  1. Hola Alonso!

    Quería hacer una aclaración respecto al plan cóndor, existe evidencia que el Perú no formo parte de la estrategia

    El lunes 10 de agosto se publicó en este Diario una crónica titulada: “Manuel Contreras, el criminal que no se arrepintió”, en la que se expresa: “Contreras también participó en la creación de la Operación Cóndor, una alianza para la captura y eliminación de izquierdistas por los servicios de inteligencia de las dictaduras de América del Sur que extendió sus redes por Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y el Perú”.

    Como gobernante del Perú de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor. Países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil la conformaron en las décadas de 1970 y 1980 con la finalidad de eliminar elementos subversivos que buscaban sacar del poder a los gobiernos militares. El Plan Cóndor fue una realidad que la historia muestra con crudeza, pues se cometieron, de forma sistemática, delitos como desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, para asegurar la permanencia en el poder de mandos militares. En cambio, las características del gobierno militar del Perú eran muy distintas a las de los gobiernos cuyos países pertenecieron a dicho plan. La Segunda Fase del gobierno militar peruano se caracterizó, con errores, omisiones y rectificaciones, por orientarse decididamente y de manera programática a volver a la democracia. Por ello, existió una distancia diametralmente opuesta entre el Gobierno del Perú y aquellos mencionados regímenes del cono sur.

    Existen diversos elementos probatorios que expresan con certeza que el Perú no formó parte del denominado Plan Cóndor. A continuación, expongo algunos de ellos:

    Primero: el libro “Operación Cóndor. El vuelo de la muerte”, de Francisco Martorell, publicado en Chile en 1999, expresa: “En setiembre de 1996 el Gobierno de los Estados Unidos descalificó documentos relacionados con el Plan Cóndor y se supo que la CIA, ya en 1976, sabía de la existencia de esta coordinación de los organismos represivos de su patio trasero. Para la agencia norteamericana, en ese momento, Chile era el centro de la Operación Cóndor y esta incluía a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay”. No se menciona al Perú. En las páginas 60 y 61 del libro se refiere una relación de nombres de diversos militares de nacionalidad argentina, uruguaya y chilena, que estaban siendo capacitados para ejecutar el Plan Cóndor. Ningún militar peruano es mencionado.

    Segundo: la obra “Los años del Cóndor: cómo Pinochet y sus aliados trajeron el terrorismo a tres continentes”, publicada por The New Press en el 2004, grafica el acuerdo secreto Operación Cóndor realizado entre las dictaduras de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. El Perú no es mencionado como parte de este.

    Tercero: el libro “El alma de los verdugos”, del juez Baltasar Garzón y del periodista Vicente Romero, plasma las investigaciones realizadas por los autores sobre las atrocidades cometidas por el gobierno militar argentino. En la descripción y exposición de la obra nunca se menciona al Perú como integrante del Plan Cóndor, incluso teniendo en cuenta que Garzón visitó Lima en dos oportunidades para investigar acerca de los montoneros argentinos de origen italiano que ingresaron con documentos falsos al país cuando ya se habían producido las elecciones políticas generales en 1980 (y que fueron extrañados por el gobierno militar a Bolivia cuando en este país ejercía un gobierno democrático la señora Lidia Gueiler).

    Cuarto: la sentencia “Guillamondegui, Néstor Horacio y otros, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado”, emitida por la Corte Suprema argentina en mayo del 2011 expresa: “Estos hechos fueron cometidos dentro de las operaciones del denominado Plan Cóndor, conformado por Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, contando con información brindada por Brasil con la finalidad de eliminar elementos subversivos”. No se menciona al Perú.

    Quinto: la sentencia “Caso Gelman versus Uruguay”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2011 refiere la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada cometida por agentes estatales paraguayos a partir de 1973. En la página 23 de la sentencia se menciona que la Operación Cóndor fue formada por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. No incluye al Perú dentro del plan.

    Sexto: en la página 1044 de la última sentencia dictada contra Rafael Videla en Argentina, se recuerda a los integrantes del Plan Cóndor, entre los que destacan Argentina, Uruguay y Chile. No se hace referencia al Perú, ni a su gobierno.

    Asimismo, en una entrevista de El Comercio, el 12 de agosto del 2014, el filósofo Alejandro Piscitelli expresa: “La primera vez que vine al Perú fue en 1977. En esa época era un refugio de argentinos, uruguayos y chilenos que eran víctimas de la dictadura”. Fácil es deducir que la versión del señor Piscitelli no se hubiere podido dar si el Perú hubiese formado parte del Plan Cóndor.

    Como conclusión, podemos afirmar enfáticamente que los mencionados elementos probatorios confirman el hecho de que el Perú, de 1976 a 1980, no formó parte del Plan Cóndor. En aquellos años, el gobierno militar del Perú estaba empeñado en conducir al país al sistema democrático, retirándose del poder. Contrariamente, los gobiernos militares de los países que integraban el Plan Cóndor luchaban por mantenerse dictatorialmente en el cargo..

    Saludos un fuerte abrazo

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