Lo que no te van a contar del Caso Chavín de Huántar

Publicado originalmente en Diario Altavoz

Esta semana la CtIDH publicó la Sentencia del caso Cruz Sánchez y otros c. Perú, más conocida como el Caso Chavín de Huántar. Sobre este caso, hay TRES cosas que TODOS los medios están comentando:

  1. El Perú cometió una ejecución extrajudicial. La Sentencia condena al Estado peruano por la ejecución extrajudicial del emerretista Cruz Sánchez, quien habría sido asesinado luego de terminado el operativo Chavín de Huántar.
  1. La Sentencia no toca a los Comandos. El párrafo 281 lo dice claramente: “el presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de los integrantes del comando ‘Chavín de Huántar’ o de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación de rescate de rehenes, ni tampoco de los miembros del MRTA”. Lo único que la Corte ha hecho es analizar “la conformidad o no de los actos estatales con la Convención Americana [de Derechos Humanos] en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial” en la operación. En el caso, la Corte más bien solicitó al Perú ubicar a Jesús Salvador Zamudio para poder ser sometido a proceso por la ejecución extrajudicial del terrorista Cruz Sánchez (párrafo 423). Nunca se hace un llamado similar para enjuiciar a ningún comando.
  1. El Estado no tiene que pagarle un sol a ningún terrorista. La Corte únicamente ordenó el pago de US$20,000.00 al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL y US$10.000.00 a la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH por concepto de costos, así como un reintegro de US$1,685.35 al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la OEA. Aparte de eso sólo deberá publicar la sentencia y –si es que lo solicita- pagarle gastos de atención psicológica o psiquiátrica al hermano de Cruz Sánchez.

Hay, sin embargo, TRES cosas más que NADIE te va a contar:

  1. La Corte dijo que en el Perú hubo un conflicto armado – y eso fue bueno. Los párrafos 267 a 279 de la Sentencia se dedican a analizar la realidad peruana en 1997 y, en base al Informe Final de la CVR, llegan a la conclusión de que en ese año el Perú se encontraba en un conflicto armado contra el MRTA y Sendero Luminoso. En otras palabras, el régimen legal a ser aplicado por la Corte como lex specialis sería el Derecho Internacional Humanitario.

    En el Perú, los grupos más conservadores suelen decir que aplicar este régimen legal sería catastrófico para el Perú, que le daría la ventaja a los terroristas y que impediría la labor del Estado en la lucha contrasubversiva. Pues bien, en este caso, pasó el absoluto contrario.

    Como señaló la Corte, por lo general, “los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras” (párrafo 264). Así, “el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona [y] los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto” (párrafo 265).

    En cambio, cuando existe un conflicto armado, la Corte señaló que aplican los principios del Derecho Internacional Humanitario; en específico el de distinción, según el cual “las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes de modo tal que los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes y los civiles no deben ser atacados” (párrafo 276). Esto simplificó enormemente el análisis de la Corte porque, en la medida en que los emerretistas no eran civiles (algo a lo que volveré más adelante), la Corte no tuvo que detenerse a evaluar la necesidad, proporcionalidad o precaución en el uso de la fuerza. Como señaló en el párrafo 287, “la controversia fáctica relevante (…) se centra en determinar si [las presuntas víctimas] fallecieron como consecuencia de actos de agentes estatales una vez que se encontraban fuera de combate (…) o si, por el contrario, murieron cuando tomaban parte activa en las hostilidades”.

    Esto significa que la aplicación del régimen de conflicto armado le simplificó también el trabajo al Estado, que sólo tuvo que responder a la pregunta “¿estaban los emerretistas en combate cuando murieron?” y no a la pregunta más larga “¿el uso de la fuerza por parte de los comandos fue absolutamente necesario y proporcional en cada caso?”

    Si bien en un caso como este (un rescate de rehenes) la diferencia en los resultados de ambos estándares no sería muy grande, en otros casos menos claros la misma puede ser determinante. Es por estas cosas que tiene sentido ser un defensor de la idea de que en el Perú hubo un conflicto armado interno: No sólo es el análisis legal correcto, sino que es, además, beneficioso para nuestro Estado.

  1. La Corte analizó el “tiro instintivo selectivo”. Cuando la Comisión de la Verdad estudió por primera vez el caso Chavín de Huántar, una de sus conclusiones fue que pudo existir ejecuciones extrajudiciales en la Residencia del Embajador porque los comandos (aquí sí, los comandos) aplicaron la “técnica de tiro instintivo selectivo” que consiste en disparar “un aproximado de dos a tres balas por comando y uno de los comandos se encarga de verificar si se encuentra vivo o muerto el delincuente y de acuerdo a la técnica efectuar el tiro de remate” (CVR, Tomo VII, p. 733). De acuerdo con la CVR, el empleo de esta técnica podía responder a una orden de que se dé muerte a todos los subversivos sin cuartel (algo que se encuentra prohibido en el Derecho Internacional Humanitario). Los representantes de las víctimas y la Comisión IDH en el caso Chavín de Huántar repitieron el argumento. La Corte desestimó este alegato señalando que “sí se consideró la captura de los emerretistas” incluso si la seguridad de los miembros del MRTA era –comprensiblemente- la última prioridad del operativo (párrafo 286). Esto pone fin a una de las teorías que más daño podían causar a los comandos: que el uso del tiro instintivo selectivo es ilegal por denegar cuartel a los participantes en las hostilidades, algo que la Corte ha descartado claramente, al afirmar que es posible planificar una operación que incluya la captura de los terroristas y a la vez utilice también esta técnica.
  1. La Corte dijo que los emerretistas no son civiles. A nivel internacional, existe un debate medianamente reciente sobre la condición que tienen los integrantes de grupos armados organizados en los conflictos armados internos. De una interpretación literal del Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, puede inferirse que todo aquél que no esté participando directamente en las hostilidades (es decir, en términos simples, que no tenga un fusil en mano) será un civil que no podrá ser atacado por las fuerzas del orden. Esta lectura, sin embargo, es poco satisfactoria para los Estados que –como el Perú- tuvieron que enfrentar conflictos armados con grupos armados organizados, en donde los senderistas y emerretistas no tenían todo el tiempo un fusil en mano, pero no por eso dejaban de ser participantes en las hostilidades en contra del Estado (en cristiano, una patrulla militar que se topa con una columna senderista no tiene por qué esperar a que los terroristas consigan sus armas para atacarlos, sino que basta con que se constate que son senderistas). Conservar la capacidad de iniciativa del Estado frente a los grupos terroristas como Sendero es muy importante para los Estados que tienen conflictos armados. Así, en 2009, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó unaGuía Interpretativa para aclarar qué significa la “participación directa en hostilidades” y concluyó que aquellas personas que tengan una “función continua de combate” en un grupo armado, no podrán ser considerados civiles para efectos del uso de la fuerza en tiempo de conflicto armado. Esta Guía no es vinculante y ha sido objeto de mucha controversia en la doctrina, pero fue específicamente citada por la Corte Interamericana para señalar que “las presuntas víctimas del presente caso no eran civiles, sino que eran integrantes del MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades” (párrafo 277).

    Esta conclusión es de suma importancia para el Perú, pues cimienta en términos jurídicos interamericanos una doctrina que es vital para el análisis legal de la política contrasubversiva de los ochentas y noventas del Manual ME 41-7 y las Rondas Campesinas (esa que no incluía al Grupo Colina).

Como puede verse, entonces, esta sentencia ha traído consigo muchos desarrollos interesantes en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, varios de los cuales favorecen a nuestro país, y, sin embargo, nadie parece hablar de ellos (ni siquiera el Estado en su defensa). ¿Por qué?

El tema es pues que hablar de “conflicto armado” o de “Derecho Internacional Humanitario” en el Perú es tabú. Políticos como Martha Chávez y Carlos Tubino se han encargado de que estos términos sean vistos por la mayoría de la población como perjudiciales para el Perú, cuando en verdad no lo son. El Perú más conservador quiere tapar el sol con un dedo y, en el proceso, le hacen un daño al país, que por miedo a la reacción política, se aleja de las normas que más le conviene aplicar. Mientras tanto, en el mundo real, los desarrollos en el Derecho Internacional Humanitario continúan –con poca o ninguna intervención de nuestro gobierno. Hemos tenido suerte de que, en esta oportunidad, las cosas salgan a nuestro favor, sin que ni siquiera las hayamos litigado mucho. La próxima quizás no seremos tan afortunados. Es tiempo pues de abandonar la politiquería y entender que la existencia o no de un conflicto armado es un tema legal, no mediático.

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