De Mineros Neoliberales y Comuneros Comunistas

Publicado originalmente en Enfoque Derecho

Hoy en día existen dos grandes mitos que buscan explicar por qué la minería es un problema en el Perú.

El primero, el del “Minero Neoliberal”, empieza contando la historia de una empresa multinacional maquiavélica y malintencionada que desea generar una ganancia incurriendo en la menor cantidad de costos posible. Esta malvada empresa multinacional, aprovechándose de su poder y su gran influencia en el gobierno, consigue una concesión minera y logra que se la aprueben “al más bajo costo” sin respetar ningún derecho de los verdaderos dueños del terreno: la comunidad campesina. Con este trasfondo, por supuesto, la multinacional termina creando un desastre ecológico y destruye el terreno de la comunidad, motivo por el cual se genera una protesta generalizada en la región que termina por paralizar el proyecto.

El segundo, el del “Comunero Comunista”, cuenta la historia de cómo existe una comunidad campesina que no desea progreso y que está repleta de socialistas del siglo XXI y ex-terroristas que tienen como misión llevar adelante la revolución armada por otros medios (¡el medioambientalismo!). Entonces, esta comunidad “ignorante”, que no entiende las maravillas del progreso occidental, y que está repleta de “rojos” y financiada por “caviares” está absolutamente opuesta a la idea de que una multinacional “saquee sus recursos naturales” y decide boicotear todo proyecto minero que se cruce por su camino. Y claro, como son todos “ignorantes”, son incapaces de protestar pacíficamente y recurren a la quema de llantas y la violencia. Al final, por supuesto, estos “radicales” terminan por paralizar el proyecto para tragedia de todos los peruanos que “sí fueron lo suficientemente inteligentes” para darse cuenta de sus ventajas.

Estas son las dos grandes hipótesis. No hay más. Así, el “Gran Debate de la Minería en el Perú” termina siendo un debate por ver cuál de estos dos mitos es el que mejor explica la realidad del país. No hay una tercera opción y, por supuesto, al final, todo termina en un no-tan-cordial “estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo”.

Yo creo, en cambio, que este “Gran Debate” es una colosal y absoluta pérdida de tiempo. Y es una pérdida de tiempo porque se concentra en discutir dos posiciones irreconciliables sabiendo que, en última instancia, nadie podrá nunca convencer al otro.

En todo debate y en toda negociación, uno debe mirar más allá de las meras posiciones y analizar el tema de fondo ¿Por qué se comportan de tal o cual manera los diversos actores involucrados en el problema?

Y si miramos más allá de lo evidente, veremos que el problema de la minería en el Perú no existe ni porque las mineras sean “malas” ni porque los comuneros sean “ignorantes” o “rojos”. El problema, a fin de cuentas, es un problema estructural que tiene raíces mucho más profundas. Y no, no es un tema de medioambiente.

Es verdad que la conexión del campesino con su tierra es importantísima y que es muy diferente a la mentalidad occidental. Pero si el problema fuera uno medioambiental, ¡sería un problema muy fácil de solucionar! La remediación y prevención es un problema técnico que puede superarse con soluciones técnicas. Si lo único que separa a mineros y comuneros de un trato multimillonario que los hará felices a ambos es la determinación de cuánta contaminación va a ser tolerada o permitida, ambas partes tendrían todos los incentivos del mundo para sentarse en una mesa de negociación y arribar a una solución de mutuo acuerdo.

No, el problema no es medioambiental. El problema es un tema de ganancias, en donde el campesino siente que gana muy poco del negocio y el minero siente que ya da suficiente. Es esta situación la que genera el conflicto pues genera los intereses para que el conflicto se desarrolle. Me explico.

Si hacemos una comparación sencilla, la situación del Minero y el Comunero se asemeja mucho a la situación que existe entre una señora dueña de un terreno y una constructora. La señora tiene su terreno en la esquina más codiciada de Lima y sería un negocio redondo construir allí un edificio. La señora, sin embargo, no tiene ni el dinero ni la capacidad técnica para construirlo. La Constructora, en cambio, tiene mucho dinero y años de experiencia construyendo edificios, pero no tiene un terreno ubicado en un lugar como el de la señora.

Para resolver este problema, el marco legal actual permitiría que la señora y la constructora se reúnan a negociar y acuerden que la constructora construya el edificio y a cambio le dé una parte de las ganancias a la señora, que incluso podría terminar con un departamento gratuito allí para alquilar. Así, ambas partes se convierten en socios y quedan contentas.

De la misma forma que la señora y la constructora, el Comunero tiene un terreno debajo del cual hay un recurso muy valioso. El Comunero, sin embargo, no tiene ni los recursos para extraerlo ni la experiencia para hacerlo. El Minero tiene ambas cosas, pero no tiene acceso libre al terreno pues allí está el Comunero.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede entre Señora y Constructora, Minero y Comunero no son igual de libres para negociar un resultado mutuamente beneficioso porque entre ellos existe un tercero que distorsiona los resultados de cualquier negociación posible.

Así, si aplicásemos el modelo de la minería a la relación Señora-Constructora, el esquema sería de la siguiente forma: La Constructora primero vería el terreno de la señora y, en lugar de contactarla de inmediato para empezar a conversar, iría primero al Ministerio de Vivienda a solicitar un derecho de construcción de edificios en el terreno. Sólo una vez conseguido este derecho, la Constructora iría donde la señora a informarle que tiene un permiso del Estado para generar ganancias con su terreno y que ahora corresponde que ambas negocien el valor actual de la superficie. La Constructora entonces obtiene el terreno, construye el edificio y recibe grandes ganancias que, en lugar de ser compartidas con la Señora, son entregadas al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía se las entregue a los alcaldes distritales de la zona en donde vive la Señora para que estos alcaldes luego inviertan el dinero para su beneficio; pero –oh sorpresa– el Estado nunca termina por invertirlos o los invierte mal y, por ende, la Señora nunca ve un sol de los cuantiosos ingresos que la Constructora tuvo gracias a que pudo usar su terreno.

En ese supuesto, si yo fuese la señora, también saldría a las calles y colgaría carteles y saldría en los medios para denunciar ese atropello.

Y tal vez la prueba principal de que es por aquí por donde va el problema es que, como suele suceder en el país, cuando los medios formales no funcionan, aparece el mercado informal. Y en términos de minería eso implica mineros informales que ni tienen Estudio de Impacto Ambiental ni pagan impuestos, pero sí dejan dinero directamente en las manos de los pobladores diariamente.

Entonces, por supuesto, existe un gran incentivo para las comunidades de impedir que se desarrolle minería formal en el país y para que se favorezca más bien la minería informal. Es por eso que abunda. Porque la minería informal, a diferencia de la formal, le pone más dinero en la mano al campesino (¡y en esa ecuación, el medioambiente no aparece!).

Y claro, en todo este caos, nunca faltarán personas que aprovechen la situación con miras a ganar notoriedad mediática como “el líder de la revuelta”. Estos falsos líderes, en última instancia, son los que promueven la violencia prometiendo a la población que “sus métodos” bastarán para deshacerse del minero formal.

Por ende, si el problema es uno de ganancias, el problema se resolverá ayudando al comunero a participar de forma más eficiente y significativa en el negocio. ¿Qué hacemos entonces hablando día y noche de mineros neoliberales y comuneros comunistas; de mineros malos y comuneros ignorantes?

Al fin y al cabo, el Minero no es “malo”; él sólo hace lo que la ley le manda: derivar toda la ganancia al Estado y dejar que los beneficios a la población se manifiesten a través de la generación de empleos y la “responsabilidad corporativa”, que consiste básicamente en darle colegios, postas médicas y agua y desagüe a la comunidad (es decir, cosas que el Estado ya de por sí debía haberle dado). El Comunero, por su parte, no es ni ignorante ni comunista; él está convencido de que “le han impuesto una situación injusta” y siente que la mina se lleva muchas ganancias mientras que él a cambio recibe o beneficios que considera insuficientes a comparación de los que recibe el Minero o cosas que ya debería tener (infraestructura, colegios, postas médicas, etc.). Entonces el Comunero siente que el Minero “le debe” y el Minero siente que el Comunero “nunca está satisfecho” ¿Realmente nos sorprende que esta situación genere conflictos sociales?

Queda pues claro que la inclusión del Estado en la ecuación altera los resultados de lo que en principio debería ser una negociación fluida y provechosa, poniendo a las partes en una situación en donde aparentemente cada uno tiene posiciones incompatibles: el Minero quiere una Mina y el Comunero no la quiere. Pero esta aparente incompatibilidad tiene, en realidad, una solución. Después de todo, el minero quiere una mina porque sabe que allí existe la opción de generar grandes ganancias y el comunero no quiere esa mina porque no le representa suficientes ganancias.

Entonces, si el problema está en una estructura que deja insatisfechas a las comunidades campesinas, para arreglarlo es preciso atacar ese mismo sentimiento de insatisfacción; y existen varias formas de hacerlo:

En primer lugar, podría reformarse el sistema de repartición de utilidades (el famoso canon) para que en lugar de tercerizar todo el dinero a través del Estado, una parte de este se entregue directamente a los comuneros semanal o mensualmente. Definitivamente, el comunero sabrá mejor que el Estado cómo gastar esos montos.

En segundo lugar, podría replicarse el modelo Señora-Constructor. Simplemente hacer que ambas partes (minera y comunidad) celebren una “asociación en participación” y definan los derechos y obligaciones que cada uno asumirá a raíz de la explotación del mineral (ojo, no sólo por el uso de la superficie del terreno). El problema, claro, es que aquí el comunero tiene que depender de que el Presidente de su Comunidad invierta bien el dinero (y corremos el riesgo de reemplazar a los presidentes regionales ineficientes por los presidentes de comunidad campesina ineficientes).

En tercer lugar, se podría evaluar darle acciones a los comuneros en la empresa minera. Aquí, el problema, sin embargo, está en que la solución terminaría por elevarle los costos de transacción a las empresas mineras.

Finalmente, está la opción de darle a los comuneros la propiedad sobre los recursos naturales que se encuentran debajo del suelo para que puedan, con un derecho de propiedad claramente establecido, negociar directamente con la minera las condiciones de su explotación. El problema aquí, claro, es poder determinar con seguridad y precisión el derecho de propiedad para que pueda ser de verdadera utilidad al campesino (y claro, podría implicar también revisar el régimen de propiedad dentro de las comunidades campesinas).

Todos y cada uno de estos modelos tienen sus pros y sus contras que merecen ser discutidos y debatidos detenidamente. No será un debate ni sencillo ni corto; pero será un debate mucho más fructífero y útil que el que hoy en día estamos teniendo. Nos estamos equivocando de debate; y ya es tiempo de escoger el correcto.

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